José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, de la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, su entonces jefe de policía y otras 18 personas más implicadas en el caso fueron absueltas de participar en los hechos por falta de pruebas, según determinó un juez federal.
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Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad que investiga la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, lamentó el miércoles la decisión del juez Samuel Ventura Ramos y, a través de Twitter, confió en que la Fiscalía General de la República apele lo que llamó “este desafortunado acto de impunidad”.
Según la notificación firmada por el magistrado y a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas el entonces alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y quien fuera su jefe de policía, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado” de los estudiantes “al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
La absolución de Abarca por ese delito previsiblemente no implicará su liberación porque está siendo procesado por otros cargos. Fue capturado a finales de 2014 junto a su esposa. A ambos se los acusó de estar involucrados con un cártel local.
Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
Esas liberaciones se debieron en parte a que desde 2016 fueron prosperando los amparos de los detenidos por los errores e inconsistencias en los primeros días de recopilación de pruebas, según los críticos. Además, en junio de 2018, un tribunal colegiado echó por tierra toda la investigación federal porque, según dijo, “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”, y ordenó repetirla.
Aunque a casi ocho años de la desaparición de los estudiantes todavía no está claro cuál fue su destino, en lo único que coincidieron tanto el gobierno anterior –cuyo fiscal general Jesús Murillo Karam está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia– como el actual es que fueron atacados y capturados, entre otros, por policías locales de Iguala, que estaban bajo el mando de Abarca.
Posteriormente se confirmó que también participaron elementos de otros municipios vecinos, policías federales y militares, y que los 43 jóvenes no fueron quemados en un basurero, como afirmaba la versión oficial del gobierno anterior.
Seis de ellos fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y presuntamente entregados a un mando militar que ordenó su ejecución, según reveló Encinas a finales de agosto.
Unos días antes, la Comisión de la Verdad para el caso, en su reciente informe divulgado en agosto, dijo que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó, no sólo los vínculos de autoridades de distintos niveles con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Además, señaló problemas en el poder judicial, ya que el caso está repartido en 28 causas penales de siete estados del país, y fallos en la coordinación con la Fiscalía General de la República.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas acusan a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.
El Gobierno de AMLO rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Con información de N+ y agencias.
RMT
