Nicaragua aceptó invitar de manera “inmediata” a la OEA, la ONU y la Unión Europea (UE) para investigar las 200 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, mientras la mesa del diálogo discutirá la propuesta de adelantar las elecciones generales para el 29 de marzo de 2019.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, hizo el anuncio al término de una reunión de la mesa de diálogo en la que participan el Gobierno y una gran alianza cívica, que fue reinstalada este viernes luego de ser suspendida por falta de consensos.
Brenes leyó el acuerdo de seis puntos alcanzado entre las partes, que incluye la invitación “inmediata” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UE y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las partes también consensuaron “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar ‘in loco’ para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables” desde el pasado 18 de abril.
Las partes, que retomaron el diálogo este viernes, suspendido desde mediados de mayo, también consensuaron “el cese de la violencia y la agresión, venga de donde venga, en el territorio nacional”, y un plan para acabar con los bloqueos que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país.
De ese plan se encargará una “comisión de verificación y seguridad”, compuesta por el Gobierno y la Alianza Cívica, que “constatará que existe un ambiente de paz y seguridad para todos los nicaragüenses”, explicó Brenes.
Durante la jornada de este sábado, las partes discutirán una propuesta de convocar elecciones anticipadas en marzo de 2019 que la Iglesia Católica le planteó al presidente Daniel Ortega en una reunión privada el 7 de junio pasado.
La propuesta sugiere que la toma de posesión de las autoridades electas popularmente sea el lunes 15 de abril de 2019.
En esa carta, divulgada este sábado, los obispos plantearon al mandatario un acuerdo constitucional y un acuerdo político para adelantar los comicios presidenciales, legislativas y municipales.
Ese acuerdo incluye la renuncia y sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y el cambio de estructura y dirección de nuevas autoridades electorales municipales y departamentales.
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Además, plantearon una reforma a la Ley Orgánica a la Asamblea Nacional para que unas enmiendas constitucionales puedan entrar en vigor este mismo año.
Esas reformas constitucionales, propuestas por los obispos, contemplan la no reelección presidencial, nuevos períodos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nuevos procedimientos para las autoridades que requieran de la aprobación de la Asamblea Nacional.
También proponen una reforma a la Ley Electoral, un nuevo calendario electoral, la invitación a observadores nacionales e internacionales, depuración del padrón, entre otros.
Además, piden una separación e independencia de los poderes públicos, así como legitimidad, integridad y profesionalidad en el actuar del Poder Judicial y Poder Electoral.
Asimismo, la transparencia y mecanismos concretos de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Brenes también leyó una carta que les envió Ortega, en la que el gobernante se limita a decir que los puntos de los obispos “serán considerados en la mesa del diálogo nacional”.
Reiteramos, como lo hemos expresado en todo momento, nuestra plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas
dentro de un marco constitucional, institucional y las leyes que
rigen a nuestro país a fin de que se puedan consensuar para su aprobación”, añadió Ortega en la misiva leída por el cardenal.
Nicaragua está sumida en esta crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción.
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Con información de EFE
LHE
