Inseguridad, violencia y desigualdad, entre otros, caracterizaron al 2016 en materia de derechos humanos aseguró, ante la Comisión Permanente, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
“En 2016 México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de Derecho y falta de un acceso real a la justicia”, aseguró Luis Raúl González Pérez, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar su informe anual de labores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la inseguridad y la violencia han afectado a la infancia, como en el caso de la escuela de Nuevo León.
“La prevención debe ser una prioridad para familias, autoridades escolares y para los gobiernos, no podemos confundirnos, hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos tales como el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas”, señaló Luis Raúl González Pérez.
Informó que durante 2016 se presentaron 9 mil 408 quejas, de las cuales 2 mil 74 fueron para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mil 619 en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; 838 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 660 en contra de la Policía Federal; 537 contra la Secretaría de Educación Pública; 532 para el Instituto Nacional de Migración; 512 para la Procuraduría General de la República (PGR); 439 en contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 258 para la Secretaría de Marina (Semar), y 247 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Por lo que la CNDH emitió 72 recomendaciones, presentó 50 denuncias penales y 92 administrativas, y se impusieron sanciones administrativas en contra de 110 servidores públicos.
En materia de seguridad precisó que hubo 216 quejas por tortura, 28 por privación de la vida y 15 por desaparición forzada.
“La atención a problemas de seguridad debe ser prioridad de la agenda pública para el 2017, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que, con carácter extraordinario desde hace una década llevan a cabo las Fuerzas Armadas, resulta relevante pero no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta”, explicó González Pérez.
En un hecho inédito los legisladores modificaron el formato y le hicieron preguntas.
Entre las respuestas, el ombudsman rechazó haber recibido 500 mil pesos a fin de año por concepto de bono. Si recibió ese dinero, pero explicó que dichos recursos corresponden al pago de prima de antigüedad, prima vacacional y un pago de riesgo, lo que representó un total de 146 millones y no de 250 millones de pesos lo erogado por la CNDH.
Anunció que para 2017 se promueve una reducción de 50 millones de pesos de su presupuesto.
Con información de Héctor Guerrero
MAP
