La Corte Suprema de Brasil inició una sesión que será clave para el futuro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y en la que decidirá si el líder más popular del país irá a prisión por corrupción o podrá seguir apelando en libertad.
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años de cárcel, una pena aumentada a doce años por un tribunal superior y, según la jurisprudencia en vigor en el país, la ratificación del fallo que le halló culpable ya permite comenzar a ejecutar la sentencia, lo que supone su encarcelamiento.
Sin embargo, la defensa de Lula ha intentado un recurso de “habeas corpus” que será juzgado hoy y en el cual sostiene que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían por el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte Suprema.
Si el recurso “habeas corpus” es aceptado, el caso podría extenderse hasta dos años y Lula podrá seguir en campaña.
Si es rechazado, en cuestión de horas o días podría ser detenido. Aun con Lula en la cárcel, la defensa podría presentar un nuevo recurso y seguir apelando contra la condena.
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La sesión, que se prevé que durará varias horas, fue abierta por la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, quien pasó la palabra a Edson Fachin, instructor de la llamada operación Lava Jato en la Corte Suprema y primero de los once miembros del tribunal que se pronunciará.
Esa operación, que se desarrolla desde hace cuatro años, desveló una compleja red de corrupción que operaba en todos los niveles de la política nacional y que, en complicidad con empresarios, incurrió en multimillonarios fraudes a los cofres públicos, que comenzaron en la estatal Petrobras.
En esta causa penal, una de las siete en las que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la petrolera mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.
El exmandatario ha negado todas las acusaciones y sostiene que es víctima de una “persecución política” que intenta impedir que vuelva al poder, una meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de que las normas del país impiden que un condenado en segunda instancia aspire a cualquier cargo electivo.
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El caso ha dividido a los brasileños y provocado la movilización de partidarios y adversarios de Lula en 20 de los 27 estados del país.
La sede del máximo tribunal está blindada y se desplegó un cordón policial en las inmediaciones para intentar contener a los 15 mil manifestantes que se esperan frente a la corte.
Lula da Silva tiene otros seis procesos judiciales en su contra, pero lidera los sondeos de cara a las elecciones presidenciales de octubre con 37 por ciento de las preferencias.
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Con información de EFE y FOROtv.
RAMG
