El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa, que presenta nuevas evidencias y actualizaciones. El Ejército tuvo conocimiento en todo momento de lo que pasaba con los estudiantes en la llamada Noche de Iguala, pues intervino comunicaciones del grupo criminal “Guerreros Unidos”, según detallan los expertos.
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Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI, señaló que algunos normalistas podrían haber seguido vivos días después de los ataques, por lo menos hasta el 4 de octubre.
El informe del GIEI revela el contenido de llamadas interceptadas a Guerreros Unidos, militares y elementos de la Marina. Los mensajes de Blackberry tienen un formato distinto a los difundidos este fin de semana, cuya autenticidad está siendo valorada por un perito independiente.
Entre las nuevas evidencias del caso, destaca que cuatro batallones, 27, 35, 41, 50 y región central DN 1 (con sede en la Ciudad de México), tuvieron conocimiento de lo que ocurría en Iguala y participaron en la intervención de llamadas.
Los especialistas también destacaron la utilización del sistema Pegasus para interceptar comunicaciones de Guerreros Unidos, familiares de desaparecidos y elementos de seguridad.
“El sistema Pegasus fue utilizado de manera indiscriminada, no solo contra criminales sino contra personal de seguridad pública, civiles y cantidad de personas reportadas en el sistema”, explica Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
Además, la experta aseguró que se ha confirmado la existencia de un quinto autobús, el 3278, cargado con droga, dato que quiso omitirse y descontextualizarse en la investigación de la Procuraduría General de la República, a cargo del hoy detenido Jesús Murillo Karam. De modo que hay muchas pruebas que deben ser investigadas, afirmó Buitrago.
En la conferencia de prensa, los integrantes del GIEI señalaron intromisiones catalogadas por ellos como indebidas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Aseguran que quitó policías a la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa e impuso a personal externo que pidió la cancelación de 83 órdenes de aprehensión.
“Para nosotros este actuar de la Fiscalía General es inexplicable, no se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni al Estado de Derecho”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI.
Paz y Paz consideró que la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal para el caso Ayotzinapa es sumamente lamentable y que tendrá efectos negativos, entre ellos un retraso de alrededor de cinco años en la investigación.
Para Francisco Cox, el caso Ayotzinapa es un reflejo de cómo opera la criminalidad en ciertos sectores de México.
“No solo lo que se quiso mostrar, que solo alcanzó a autoridades municipales sino federales, Ejército, Marina. Son elementos objetivos que muestran el poder de cooptación de la macrocriminalidad y este puede ser un caso paradigmático que muestre cómo funciona la delincuencia organizada en ciertos sectores de este país”, afirmó Cox.
Los expertos informaron que, si bien el final de su periodo estaba contemplado para el 30 de septiembre, el GIEI prolongará un mes su labor a petición de los padres de los normalistas. Dijeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha garantizado el acceso a la información, pero siguen advirtiendo resistencias por parte de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Con información de N+
