Catalina Velásquez, una inmigrante colombiana que fue traída a Estados Unidos por sus padres cuando tenía 14 años, afirma que, si es deportada a su país bajo el próximo gobierno de Donald Trump, “sería como una sentencia de muerte”.
Velasquez es una activista transgénero de la comunidad LGTB “Honor 41”, graduada de política internacional de la Universidad de Georgetown, que se beneficia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Pero es consciente que, a pesar de sus logros y arduo trabajo, su éxito podría ser arrebatado en cualquier momento al igual que todo lo que ha construido a su alrededor, un ambiente donde ella es capaz de ser ella misma, donde se siente libre de ser Catalina.
“Sin la acción diferida y con una orden de deportación, no sé cuánto tiempo podré sobrevivir cuando Trump entre a la Casa Blanca y empiece a promulgar sus políticas xenófobas y transfóbicas”, afirma en un video en la red Youtube del grupo “Honor 41”
Catalina es sólo una de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que están temerosos de ser deportados una vez que Trump llegue a la Presidencia de Estados Unidos, el próximo 20 de enero.
Ante esta situación, ha abierto una campaña de GoFundMe para recaudar fondos y ayudar a pagar los gastos de un abogado migratorio en caso de ser necesario para atender su caso.
Willi Allen, abogado migratorio, dijo que una vez que expire DACA en agosto de 2017, quienes tengan orden de deportación como Catalina serían repatriados de inmediato, mientras que otros beneficiarios podrían extender sus casos por años mediante abogados migratorios.
Se estima que tres millones de inmigrantes indocumentados tienen una orden de deportación, mientras que otros 700 mil, principalmente mexicanos, se benefician del DACA en la actualidad.
Si todos los 11 millones de indocumentados contratan un abogado, el proceso bien podría llevar decenas de años en los ya de por sí atestados tribunales migratorios.
Aunque Trump suavizó su postura hacia este sector después de las elecciones, es poco probable que el republicano vaya a apoyar cualquier tipo de legalización de la mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país.
A pesar de que muchos activistas de inmigración han implorado a los alcaldes de las grandes ciudades a prohibir la cooperación de sus departamentos de policía con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para la deportación de extranjeros.
Quizá la idea más práctica que ha surgido del llamado movimiento de “ciudades santuario” es la de recaudar millones de dólares entre los simpatizantes de los indocumentados para contratar abogados que los defiendan en las cortes de inmigración si los tratan de deportar.
HVI
