Especialistas analizaron el bullying escolar, derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia y omisiones legislativas en la mesa de “Agenda Pública”, conducida por Mario Campos, en FOROtv.
Para abrir el análisis, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea recordó que el tema del bullying llegó a la Corte porque lo trajo la madre de un menor que sufrió acoso escolar y que se trata de conductas reiteradas que afectan la integridad de un niño o adolescente.
Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, coincidió en que se trata de un fenómeno que afecta la vida de niños y niñas.
El doctor Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que actualmente el bullying representa una situación muy grave en México.
Agregó que se trata de un problema de mal uso, abuso y desconocimiento de las leyes, y que la Corte interviene, interpreta y pone un modelo identificable para casos similares en los que se consideran los derechos, el daño y la responsabilidad.
En un contexto que vive el país de enorme violencia a los niños y jóvenes, la Corte nos da camino”, dijo Hugo Alejandro Concha Cantú.
González Contró recordó que las escuelas tienen una responsabilidad clara en caso de bullying, porque deben proveer entornos libres de violencia.
Concha Cantú sostuvo que actualmente la atmósfera nacional está claramente relacionada con lo que el niño vive y que se deben cuidar las responsabilidades y el ambiente en el que se encuentran.
El ministro Arturo Zaldívar explicó que cada vez que la Corte trata un asunto de bullying tiene dos vertientes: resolver el caso del niño y el precedente, lo que hace trascendente que la Corte resuelva casos de derechos humanos.
Debido proceso y presunción de inocencia
Para hablar del debido proceso y la presunción de inocencia, los especialistas recordaron el caso de la francesa Florence Cassez que en 2005 fue acusada de secuestro.
Concha Cantú recordó que el debido proceso es uno de los derechos básicos para que no se castigue de manera arbitraría y que surge como un gran freno a los monarcas absolutos.
“Se trata de un derecho por el que en pleno siglo XXI seguimos luchando”, sostuvo.
La doctora Mónica González destacó que en México se vive un ambiente de miedo por la inseguridad o la violencia y que el debido proceso para la seguridad es muy difícil porque los discursos de la mano dura o endurecimiento de penas suenan a impunidad. Indicó que el debido proceso es lo que garantiza que la persona que cometió un delito este en prisión y no se encarcele a un inocente, sin embargo, reveló que existe una cantidad importante en la percepción de la sociedad que prefiere que pague el inocente y que no se escape nadie.
El ministro Arturo Zaldívar destacó que existe toda una narrativa interesante que trata de generar esta percepción de que la ineficacia de las autoridades se debe a la impunidad y que el poder perseguir los delitos y castigar a quien los comete es respetando los derechos.
Todos podemos ser un culpable designado o fabricado”, añadió el ministro Zaldívar.
El reto del Estado es el respeto a la Constitución. “Cuando se defiende el debido proceso, estamos defendiendo los derechos”, dijo.
En cuanto al caso Cassez, el ministro reiteró que la opinión pública fue unánime y que logró un cambio de paradigma.
“Hoy el debido proceso es una realidad, porque de lo contrario, hay consecuencias”, afirmó Arturo Zaldívar.
Concha Cantú expresó que el incentivo para que se corrija es poner muy alto el estándar del proceso legal.
González Contró destacó el cambio que también tuvieron los medios de comunicación a partir del caso de Florence Cassez ya que se exhibió a mucha gente que después pudo salir inocente, sin embargo, por el efecto corrupto “es imposible conocer la realidad”.
El ministro Zaldívar aseveró México no era un mejor país cuando era de uso generalizado la violación de los derechos humanos y que lo único que se lograba era que los policías no tuvieran ningún incentivo para realizar bien su trabajo. En cuanto a la prisión preventiva, dijo que sólo cuando hay casos de conformidad se justicia que una persona esté detenida mientras se dicta sentencia.
“Los sistemas penales avanzados generan una prisión preventiva excepcional”, indicó.
Omisiones legislativas
Al abordar el tema de omisiones legislativas, el ministro Arturo Zaldívar destacó que en la Constitución hay ciertos artículos que establecen la obligación del legislador de expedir una ley reglamentaria para evitarlas.
Estableció que la Corte establece una orden para que se legisle en un tiempo establecido y que actualmente, por primera vez se establece con el tema de la publicidad oficial.
“La Corte dicta una sentencia de amparo por una omisión legislativa”, indicó.
La doctora González Contró puso como ejemplo que en 2005 se estableció una reforma para un artículo sobre el tema de justicia y adolescentes; que hubiera prevención ante un delito. Luego de esta situación, recordó que la historia fue tortuosa, que en 2008 no había una ley para los adolescentes y que la Corte pidió que se les juzgara en tribunales locales. Afirmó que hubo 11 años de impunidad porque no había ley federal de justicia para adolescente y que después de eso se puede entender la omisión en la ley. Reconoció que el nuevo sistema privilegio el resultado que tiene que ver con la omisión legislativa.
Concha Cantú subrayó que una omisión legislativa no es una omisión y que no es lo mismo cuando hay una obligación no cumplida por parte de un legislador.
El ministro Arturo Zaldívar reflexionó sobre lo que hubiera pasado si la Corte hubiera tenido un sistema distinto y aseguró que hoy habría un ánimo en el tema para los adolescentes diferente.
“Lo que hacemos o no hacemos, en especial la Corte, sí trasciende al país que queremos”, afirmó.
Por último, el ministro aseguró que se debe caminar hacia un cambio de cultura y “avanzar a un esquema donde las sentencias de la Corte se cumplan”.
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(Con información de Agenda Pública)
LLH
