A petición de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX), la Interpol emitió una ficha roja en contra de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz extitular de la SHCP, por el desvío de 750 millones de pesos.
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También se emitió para otros cuatro socios de la empresa Oro Negro.
Gil White, es hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, él y sus socios son acusados por la Procuraduría de la Ciudad de México por el supuesto fraude de más de 750 millones de pesos de un fideicomiso constituido para cubrir las rentas de plataformas petroleras que Oro Negro estaba utilizando, sin embargo, se destinaron para pagar mejoras y mantenimiento de las instalaciones.
Las autoridades mexicanas sospechan que los implicados se encuentran fuera del país.
El pasado 17 de julio, un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa perforadora e integradora de servicios petroleros, Oro Negro.
De acuerdo con medios informativos, el juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12 también pidió la aprehensión de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la compañía.
Ello, por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro.
El diario Reforma dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los cuatro directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
Señaló que, para dichas operaciones, los ahora prófugos utilizaron las empresas Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V, las cuales “controlaban” desde sus cargos como directivos y administrativos.
Mencionó que el juzgador de justicia aceptó las órdenes de captura gracias a que le fueron presentados los informes migratorios de los imputados, pese a que ninguno de los delitos por los que se les acusa contemplan prisión preventiva oficiosa.
