POLíTICA

Gobierno español demanda ante la Justicia la ley independentista catalana

El Gobierno español decidió este viernes recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) la denominada “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” de Cataluña al entender que implica una “ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido”.

La ley fue aprobada la noche pasada por la mayoría separatista del Parlamento regional catalán, que también había respaldo el miércoles otra para celebrar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre próximo.

El TC ya suspendió ayer cautelarmente la ley del referéndum y el decreto de convocatoria de la consulta, también recurridos por el Gobierno, que preside el conservador Mariano Rajoy.

El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transitoriedad se basa en el dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, que la considera una “operación de destrucción y suplantación” del orden constitucional y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El Ejecutivo también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley del código tributario de Cataluña, pues pretende impulsar una hacienda pública propia vulnerando “competencias exclusivas” del Estado.

Tras el Consejo de Ministros de hoy, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, denunció que la ley para fundar una “república” independiente supone “una auténtica constitución transitoria y abrir un período constituyente en Cataluña”.

En rueda de prensa, consideró “curioso” que la Ley de Transitoriedad se presente como la “norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”, en tanto no se aprueba la constitución de la república catalana.

La ley de “ruptura” también regula una “inexistente” nacionalidad catalana diferente de la española, si bien prevé el mantenimiento de la doble nacionalidad “catalana-española”.

Méndez de Vigo se mostró sorprendido por el hecho de que esa ley no recoja “el derecho a decidir”, reclamado reiteradamente por los independentistas catalanes para justificar la celebración de un referéndum.

LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA GOBIERNO CATALÁN Y PRESIDENTA DEL PARLAMENTO       

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó hoy una querella contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su Gobierno, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación

y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión.

La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se formalizó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Respecto al Ejecutivo catalán, el Ministerio Público se querella por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya dejó ayer en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno español.

El Gobierno catalán en pleno firmó la convocatoria del citado referéndum la noche del pasado día 6, después de que el Parlamento regional aprobara una ley que regula esta consulta, con el apoyo de la mayoría independentista de la Cámara, norma que también recurrió el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Además, la Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa (presidencia) que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por “su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales”.

El Ministerio público les achaca también delitos de “desobediencia grave cometida por autoridad pública”, de prevaricación y malversación.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta.

 

AAE