CRIMEN Y SEGURIDAD

Gobierno de Chile decreta estado de excepción en zona del “conflicto mapuche”

La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó “estado de excepción” en dos provincias del sur, una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas

  • Hasta ahora, el mandatario progresista Gabriel Boric se había mostrado en contra a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera

La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, decretó “estado de excepción” en dos provincias del sur, una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.

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“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción) para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía“, dijo en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

En La Araucanía, el Biobío y otras regiones del sur existe hace décadas una disputa territorial que enfrenta al Estado, con algunas comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos económicos que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

Gabriel Boric se había mostrado en contra a la militarización

Hasta ahora, el mandatario progresista Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de “diálogo” a través del despliegue territorial de diferentes autoridades, sin embargo, esto no fue bien recibido por algunos grupos radicales, que continuaron realizando ataques y sabotearon varias visitas del Ejecutivo.

En paralelo, desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron al presidente de “inacción” y de ser “cómplice de la violencia”.

Además del despliegue militar, Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona.

Con información de EFE

HVI