El gobierno de Baja California inició, el martes 13 de abril de 2021, el proceso de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, con el fin de crear un complejo interactivo campestre.
A través del Periódico Oficial del Estado, el gobernador Jaime Bonilla Valdez dio a conocer el proyecto de Utilidad Pública que haría en este espacio, ubicado en el número 11311 de Boulevard Agua Caliente, al interior del fraccionamiento Agua Caliente, en Tijuana.
El documento firmado por el gobernador y por el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, expone en 44 puntos las razones por las que el gobierno promoverá la expropiación de este bien inmueble, entre ellas señala que la ciudad tiene un déficit de espacios públicos al aire libre, por lo que este complejo, con una superficie de más de 504 mil 379 metros cuadrados, podría ayudar a cubrir una parte de la demanda de parques.
La decisión de Jaime Bonilla ha sido cuestionada por la clase política del estado, pero también por el sector empresarial, quienes consideran que esta decisión es una mala señal para los inversionistas nacionales e internacionales.
Lupita Jones, candidata de la alianza VaxBC para la gubernatura del estado, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un video en el que reprobaba la decisión adoptada por el actual gobernador.
“Hoy es un día muy triste para Baja California. Bonilla está materializando por decreto la expropiación de la propiedad privada: tu casa, negocio y patrimonio te pueden ser arrebatados. Estemos UNIDOS para que estas arbitrariedades no sucedan, votemos por el cambio este 6 de junio”, escribió Jones.
Hoy es un día muy triste para Baja California. Bonilla está materializando por decreto la expropiación de la propiedad privada: tu casa, negocio y patrimonio te pueden ser arrebatados. Estemos UNIDOS para que estas arbitrariedades no sucedan, votemos por el cambio este 6 de junio pic.twitter.com/PiOWACDJq1
— Lupita Jones (@LupJonesof) April 13, 2021
Sobre el tema también se pronunciaron Roberto Rosas, presidente de la Federación en Baja California de Coparmex, quien dijo que pareciera que el ejecutivo estatal quisiera causar una división entre empresarios y ciudadanos.
“En lugar de tratar de expropiar, la palabra que utiliza el gobernador, un pulmón que ha servido a la ciudad y a toda la ciudadanía, por qué no se voltea y recorre la ciudad, porque no conoce la ciudad el señor gobernador y atiende las 200 áreas verdes que están abandonadas o ciertas unidades deportivas”, aseveró Roberto Rosas.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Francisco Rubio, pidió que primero se respete el marco de la legalidad y después se analice el costo-beneficio ya que podría salir más caro.
“A lo mejor es más viable ese tema por lo que va a costar liquidar en todo caso que esto llegara a proceder, la expropiación, cuánto va a costar liquidar y comprar las propiedades, con ese dinero puede rehabilitar y hacer otras cosas”, comentó Francisco Rubio.
Esta acción podría ser impugnada por los socios y el mismo Club Social ante el Tribunal de lo Contencioso, los cuales podrán presentar una serie de amparos como parte de su defensa, sumados a los que ya se habían presentado previos a esta publicación.
