Al presentar su cuarto informe sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció a la FGR de obstruir, intervenir e introducir a personas ajenas a la investigación para intimidar a los integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, lo que pone en riesgo -aseguran- que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, no tenga una condena, al existir una acusación débil.
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“El GIEI empezó a observar a partir del mes de agosto de este año que la UEILCA se había quedado sin policías, quizás el hecho más grave de intervención o intromisión en las funciones de la UEILCA, se observa cuando se cancela, se solicita la cancelación de órdenes de aprehensión, ministerios públicos externos adscritos al juzgado son quienes solicitan la cancelación, producto de esta judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica”, dijo Francisco Cox, GIEI.
Los integrantes del GIEI esperan que las acciones que la Fiscalía General de la República que tiene en contra de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, que encabezaba Omar Gómez Trejo, no sean un instrumento de intimidación o de persecución contra el personal que trabajó en esa unidad y alertaron que el cambio de un fiscal podría ocasionar un retraso de hasta 5 años en la investigación.
Revelaron que apenas en agosto pasado, cuando se solicitaron las órdenes de aprehensión contra 4 militares, tuvieron acceso al contenido de mensajes de teléfonos celulares entre integrantes del crimen organizado de “Guerreros Unidos” con militares, con integrantes de la Secretaría de Marina y diversas autoridades.
“Nosotros una vez judicializada tuvimos acceso a esta información, que se refiere a la relación entre el grupo criminal de Guerreros Unidos con distintas autoridades tanto del Ejército, se menciona también a la Marina, se mencionan a personas que trabajan en el SEMEFO, presidentes de corporaciones locales y como ya sabíamos policías municipales”, agregó Claudia Paz, GIEI.
Los integrantes del GIEI explicaron que solicitaron la ayuda de un perito para que analizara los mensajes telefónicos que se difundieron este pasado fin de semana, para verificar su contenido, debido a que los mensajes que ellos sí tuvieron acceso son diferentes y tienen un formato distinto.
También informaron que, hasta este año, se pudo corroborar ya la existencia de un quinto autobús que transportaba a un grupo de los estudiantes normalistas y que trasladaba droga a los Estados Unidos, el cual siguió su camino hacia la frontera sin ningún tipo de restricción.
Ángela María Buitrago dijo que gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador se pudo obtener información de los batallones 27, 35, 41, 50 y de una oficina identificada como “Región Central México DN 1”, que pertenece a la Secretaría Defensa Nacional, que realizaba un seguimiento de los jóvenes estudiantes normalistas.
Se descubrió, dijo, que las autoridades utilizaron el sistema “Pegasus” para interceptar las llamadas.
“Ese seguimiento ‘Pegasus’ significó que SEDENA a través de este proceso utilizó este sistema para hacerle seguimiento a los teléfonos de varias personas desde 2014 y en particular, septiembre de 2014, miembros de Guerreros Unidos, familiares, miembros del ejército en cuestión de seguridad”, explicó Ángela María Buitrago, GIEI.
Al término del informe, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dijo que su área trabajará con el nuevo fiscal que se designe para el caso Ayotzinapa.
Los integrantes del GIEI informaron que, aunque su periodo de trabajo termina este viernes 30 de septiembre tendrán una prórroga de un mes más para trabajar en esta investigación.
Con información de Mario Torres
HAVJ
