Fiscalía española pide aumentar la condena a Iñaki Urdangarin, cuñado de Felipe VI por instigar a la corrupción

Fiscalía española pide aumentar condena a Iñaki Urdangarin, cuñado de Felipe VI

Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI (Getty Images)

La Fiscalía española pidió al Tribunal Supremo (TS) que aumente la pena de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, a diez años de cárcel, pues considera que él y su antiguo socio, Diego Torres, fueron “instigadores” de la corrupción de funcionarios para obtener fondos públicos de manera irregular.

Por el contrario, el defensor de Urdangarin, el abogado Mario Pascual Vives, solicitó su absolución “porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación”.

El TS estudió hoy, en una vista pública, los recursos presentados contra la sentencia de un tribunal de Baleares (este) que impuso seis años y tres meses de cárcel a Urdangarin por el llamado “caso Nóos”; ocho años y seis meses a Torres; y tres años y ocho meses al expresidente de la región insular mediterránea de Baleares, Jaume Matas.

También la abogada de la Comunidad Autónoma de Baleares, María Ángeles Berrocal, solicitó que se aumente la pena de Urdangarin a nueve años y siete meses y que los implicados devuelvan 2.6 millones de euros por convenios firmados con las autoridades regionales.

La Abogacía del Estado pidió un incremento de diez meses de prisión por los delitos fiscales de Urdangarin, que le valieron dos años de condena en primera instancia.

El TS revisará los recursos para decidir si mantiene, reduce, anula o endurece las penas.

La Audiencia de Palma (capital de Baleares) condenó hace un año a 7 de los 18 acusados por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación (Instituto Nóos) sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin, que fue condenado por delitos fiscales, de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Este tribunal absolvió a su esposa y hermana del rey de España, Cristina de Borbón, aunque la consideró responsable civil, a título lucrativo, por valor de 265, 088 euros.

La organización Manos Limpias, que ejercía la acusación popular en el juicio, aseguró hoy que sí había “base” para condenarla. Pero la defensa de la infanta Cristina reprochó a Manos Limpias que quisiera “lesionar” su dignidad y procurarle “un daño mediático”.

Las magistradas que juzgaron el caso dictaron penas menores para los cuatro miembros del gobierno balear implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con Nóos.

Si el fallo del TS, que tardará algunas semanas, fuera desfavorable a los imputados, no implicaría necesariamente su encarcelamiento inmediato, pues cabrían, por ejemplo, recursos ante el Tribunal Constitucional. Esto podría, o no, suponer una suspensión temporal de la ejecución de condena.

El 23 de febrero de 2017 la Justicia decidió que Urdangarin quedase en libertad provisional con la obligación de comparecer el día primero de cada mes ante la autoridad judicial en el país de residencia, que últimamente es Suiza, donde vive con su familia.

Urdangarin y Torres fueron el “motor” de los delitos del “caso Nóos”, según la fiscal Ángeles Garrido, y tuvieron una conducta “reprochable” en sus relaciones con la Administración pública de la región de Baleares.

“De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción en los funcionarios públicos”, según la fiscal.

Además, Urdangarin y Torres se concertaron con empleados públicos en la Comunidad Valenciana (región oriental española) para conseguir convenios sin procedimiento administrativo, con prevalencia de “intereses particulares sobre públicos”.

La representante de la Comunidad de Baleares, por su parte, aseguró que hubo “malversación” de fondos en “todos los negocios” de Urdangarin y Torres en la isla, con el consentimiento de su entonces presidente Jaume Matas, para quien pidió una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel.

El abogado de Urdangarin trató de desmontar los delitos por los que fue condenado, como el de malversación vinculada a la organización de varios foros por parte de Nóos. Vives argumentó que esos servicios “se realizaron a satisfacción” de la Administración.

Por su parte, el abogado de Matas reconoció que el procedimiento para conceder los contratos públicos al Instituto Nóos “no se siguió”, pero aseguró que “existían esas prestaciones, que fueron contratadas a precio de mercado”.

El defensor de Torres indicó que todas las tesis de las acusaciones particulares “carecen del más elemental de los soportes”.

La Fiscalía pidió para Torres doce años y cuatro meses de cárcel; y ocho años y cinco meses para Matas.

Con información de EFE

HVI

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