El gobierno del presidente a Andrés Manuel López Obrador busca cambiar la forma en que les llega el dinero a los beneficiarios de los programas sociales. En lugar de que se haga en efectivo mediante pagadores, se planea que la mayoría de los recursos lleguen a los beneficiados a través de depósitos en tarjetas bancarias. Hay que recordar que las cuadrillas de funcionarios que trasladaban el dinero en efectivo, se habían vuelto objeto de ataques repetidos por parte de los grupos criminales.
El 26 de julio de 2017, en su primera plana, el diario de Guerrero informó de la muerte de siete personas. Cinco de ellos, policías municipales y dos trabajadores de Bansefi, fueron acribillados en el municipio de Ahuactozingo para robarles cerca de un millón de pesos que iban a dispersar en la zona de la montaña de Guerrero.
Luego de la emboscada, los homicidas sustrajeron del vehículo de la empresa transportadora la cantidad de 977 mil pesos que pertenecían a recursos del programa de Prospera y además tomaron directamente de los elementos policiacos, a quienes habían prácticamente asesinado, cinco armas largas y huyeron con rumbo desconocido.
Yoshua Noriega Sánchez y Juan de Dios Martínez Garibó eran los encargados por parte de Bansefi de llevar dinero en efectivo de programas sociales como Prospera a zonas alejadas del estado de Guerrero.
A pesar del riesgo de transportar dinero en efectivo, no contaban con herramientas para su seguridad como chalecos antibalas, además, no estaban contratados directamente por Bansefi, sino por una empresa de outsorcing.
Bansefi firmó el 30 de abril de 2015 un contrato con las empresas Adper, Global Intermex, Intermex comercializadora e impulsora Quebec, para subcontratar personal por un monto de mil 400 millones de pesos. Los socios de Intermex son Jorge Fahur y Magdalena Fahur, originarios de Torreón, Coahuila.
Tras el asesinato de Yosua y Juan de Dios durante sus labores, Javier González Ruiz, abogado de Intermex, envió un correo electrónico a Bansefi informando que a los familiares se les entregaría lo correspondiente a tres meses de sueldo, es decir, 50 mil 420 pesos, más 35 mil pesos previamente entregados por gastos funerarios, un total de 85 mil 920 pesos.
Los familiares, indicó en el correo, manifestaron su inconformidad por las cantidades a recibir y acudieron ante las autoridades.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cada empleado debería de recibir cinco mil días de salario como indemnización, es decir, más de 400 mil pesos, más dos meses de sueldo por gastos funerarios.
Actualmente los familiares todavía pelean en una junta federal la indemnización por la muerte de estos trabajadores.
Con información con Raymundo Pérez Arellano
LHE
