Los expertos de la ONU sobre ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias pidieron este martes al Gobierno de Estados Unidos que detenga la inminente ejecución del ciudadano mexicano Roberto Moreno Ramos por considerar que no tuvo un juicio justo, y reclamaron que tenga un nuevo proceso.
Está previsto que Moreno sea ejecutado este miércoles en Texas, en aplicación de una sentencia a pena de muerte que se le impuso en 1993 por el asesinato de su esposa e hijos.
El presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, Seong-Phil Hong, y la relatora sobre Ejecuciones Arbitrarias y Sumarias, Agnes Callamard, recordaron que el sentenciado padecía de incapacidades psicosociales cuando cometió el crimen.
En esas circunstancias, las normas internacionales de los derechos humanos prohíben el uso de la pena capital”, enfatizaron.
Además, este caso está incluido en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya conocida como “Fallo Avena”, que en 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Sin embargo, esa resolución no se ha cumplido ya que desde ese año cinco personas incluidas en ella han sido ejecutadas.
Como estableció la CIJ, los expertos de la ONU recordaron que las autoridades de Texas incumplieron la necesaria notificación al consulado de México del arresto de Moreno, por lo que no recibió la asistencia necesaria en etapas cruciales de la investigación.
Asimismo, careció de representación legal en los tres primeros meses después de su arresto.
Por ello, Seong-Phil Hong y Agnes Callamard pidieron que se anule su condena y que se le vuelva a enjuiciar respetando el debido proceso.
Roberto Moreno Ramos, sentenciado en EU. (Getty Images, archivo)
Este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que rechaza y apelará la pena de muerte en el estado de Texas, en los Estados Unidos, al mexicano Roberto Moreno Ramos, sentenciado a la máxima condena por haber asesinado con un martillo a su esposa e hijos de tres y siete años en febrero de 1992.
La cancillería señala que se violó el debido proceso y no se respetaron sus derechos humanos, por lo cual deben desistirse.
“México considera la pena capital como una sanción cruel e inhumana dado lo irreparable de sus efectos. La imposibilidad de ser graduada y por supuesto atenta contra la vida misma de un humano. El Gobierno de México, vale la pena señalarlo, no pretende condonar los delitos atribuidos a sus connacionales y es respetuoso de los sistemas judiciales; simplemente por principio defendemos el derecho a la vida”, detalló Jacob Prado, director de Protección de Mexicanos en el exterior de la SRE.
Con información de EFE y Noticieros Televisa
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