El pasado 14 de abril, un menor de edad, identificado como José Antonio junto con Alberto de 19 años, fueron detenidos tras allanar el domicilio de la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Margarita Almaguer.
La detención la realizaron policías municipales encapuchados y vestidos de negro adscritos al denominado “Comando de operaciones especiales”.
José Antonio y Alberto fueron llevados a la comandancia municipal, donde fueron presuntamente golpeados y torturados.
“Estamos hablando de una cadena de impunidad que se genera a través de precisamente los actos que realizan estos policías. Lamentablemente pierde la vida un niño menor de edad”, señaló Jorge Andrés López Espinoza, presidente de la CEDH de San Luis Potosí.
José Antonio tuvo que ser internado en el Hospital General de Ciudad Valles, y debido a la gravedad de las lesiones falleció cuatro días después.
El reporte médico de la Secretaría de Salud informó que José Antonio murió por un edema cerebral, perforación del intestino y traumatismos múltiples.
La familia del menor pidió a las autoridades que se haga justicia y se castigue a los elementos municipales que golpearon a José Antonio.
“Yo temo que se vayan, que los dejen huir y que no los agarren. Yo los quiero en la cárcel, no quiero que se vayan, a los siete, son siete. Yo sí tengo mucho miedo, pero tampoco se va a quedar así”, exigió la señora Macrina Juárez, mamá de José Antonio.
Este lunes, se informó que 4 de los 7 elementos de la Policía municipal que participaron en la detención y muerte del menor, se encuentran identificados.
A pesar de ello la Fiscalía General del Estado no ha girado ninguna orden de aprehensión.
“En una situación de esa naturaleza, de una eventual sustracción pues bueno, lograr localizar a las personas. Justo ahora, en ese momento ¿ustedes tienen la certeza de que ellos no han evadido? ¿no se han sustraído? Bueno, eso es parte de la investigación”, concluyó Pablo Alvarado Silva, Sub Procurador De Justicia de la Huasteca.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras organizaciones civiles, presentaron un “posicionamiento” debido a la gravedad del caso.
Se informó que el coordinador del “Comando de operaciones especiales” de la policía municipal, Ernesto Alfaro Pérez, fue dado de baja en el 2014 de la Policía de García, Nuevo León, por no aprobar los exámenes de control y confianza.
A pesar de ello fue contratado en Ciudad Valles para ser nombrado como subdirector de Seguridad Pública.
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Con información de Gerardo Duque
KAH
