Tras su arresto cuando cruzaba la frontera alemana en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, donde tiene fijada su residencia, en aplicación de la euroorden cursada por España, la Justicia alemana abrirá una investigación para determinar si accede a entregar a Puigdemont, procesado el viernes por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación.
Puigdemont ha sido procesado por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso de independencia ilegal iniciado en la región española de Cataluña en 2017.
En caso de que Puigdemont admita la euroorden, la extradición se realizará en un plazo de diez días, pero, si se opone, se abrirá un procedimiento en el que un juez alemán deberá escuchar al expresidente regional catalán y tomar una decisión en un máximo de sesenta días, prorrogables a noventa.
Los delitos por los que la Justicia española le reclama tienen correspondencia en la legislación alemana, con penas incluso más duras que en España que alcanzan hasta la cadena perpetua, lo que no ocurre en Bélgica.
De hecho, se barajaba la posibilidad de que este país accediera a una futura extradición a España de Puigdemont, pero solo por el delito de malversación y no el de rebelión, por lo que las penas a las que se enfrentaría en caso de ser juzgado serían notablemente más bajas que aquellos que sí serán enjuiciados por sendos delitos, según fuentes jurídicas.
Y es que el requisito de la doble incriminación era más inviable en Bélgica, esto es que la conducta sea perseguida en términos análogos en ambos países cuando el delito no está recogido en una lista de 32 que la normativa europea considera exentos de esta condición.
En Alemania sí existen delitos similares al de rebelión, por lo que será más viable que este país acceda a dar cumplimiento a la Orden Europea de Detención y Entrega, la normativa que sustituyó a la tradicional extradición, aunque para ello se deben cumplir unos términos y plazos muy estrictos sin intervención de la autoridad política.
La euroorden es el primer instrumento jurídico de la UE en el que se aplica el principio de reconocimiento mutuo enunciado en las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (Finlandia), en 1999.
Recibida la orden, su ejecución se producirá de forma rápida, ya que los motivos por los que una autoridad judicial puede negarse a la misma están tasados en el texto de la ley.
De esta forma, desaparecen motivos de denegación en los procedimientos de extradición como los relativos a la no entrega de los nacionales o a la consideración de los delitos como políticos, que es precisamente una de las líneas clave de actuación que defiende Puigdemont para evitar su entrega.
Con información de EFE.
RAMG
