POLíTICA

Panistas se benefician de pozos profundos en municipio sin agua, en Sonora

Sin agua y con altas temperaturas, sobreviven 95 integrantes de la etnia cucapá en el ejido Pozas de Arvizu, en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

Los cucapá, conocidos con el nombre de “Gente de Agua”, fueron los primeros habitantes de esa región.

Rodrigo Zavala, indígena cucapá, dijo a Noticieros Televisa que desde hace tres años se “fregó el pozo y no le han hecho nada”.

En ese lugar, los permisos para el aprovechamiento del agua se encuentran restringidos desde 1970.

Roberto Hernández Quezada, presidente de los Concesionarios de Pozos Agrícolas de San Luis Río Colorado, explicó que “por decreto presidencial se congeló el padrón de usuarios, no podían ni darse concesiones de agua de gravedad ni del subsuelo, tampoco se podían perforar”.

Juan Roberto Carrillo, ejidatario de San Luis Río Colorado, señaló que “cualquier persona que haga un trámite se va a topar con que no hay permisos de agua”.

Mientras la mayor parte de la población sufre escasez de agua, funcionarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) se beneficiaron con 35 concesiones de pozos profundos de agua que usan para regar cientos de hectáreas con siembra de dátiles, alfalfa y maíz, en el desierto.

El grupo político, que desde 1994 gobierna ese municipio, es encabezado por el alcalde, Enrique Reina; por Florencio, “El Chito”, Díaz Armenta, coordinador de Alcaldes, Regidores y Síndicos del PAN y exdelegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en sonora; así como por familiares del exgobernador de la entidad, Guillermo Padrés.

En 2011, siendo delegado de la Conagua en Sonora, Florencio Díaz Armenta entregó concesiones de agua a la empresa recién creada Desierto de Sonora S.P.R. de R.L., representada por su hermano Agustín Díaz Armenta.

Entre junio y noviembre de 2012, la Conagua otorgó al actual alcalde de San Luis Río Colorado, Enrique Reina, y al ejidatario, Eduardo Carrasco, más de 30 permisos para explotar cuatro millones de metros cúbicos de agua, anualmente, en el ejido Las Adelitas.

El ejidatario, Juan Roberto Carrillo, acusó que “todos los permisos de riego que se pudieron haber otorgado para la gente, ellos se han apropiado de esos permisos y la gente que tiene muchos años en San Luis batallando para que le den su permiso para perforar, nunca se lo han podido dar”.

Cuatro concesiones de Eduardo Carrasco fueron transferidas a Luis Roberto y Daniel Jesús Dagnino Quijano, sobrinos de la esposa de Guillermo Padrés.

Posteriormente, Eduardo Carrasco entregó sus tierras y las concesiones de agua a las empresas: Agroproductos Datileros y Agroproductos Dicha del Desierto de Agustín Díaz Armenta y Agustín Díaz Chapa, familiares del exdelegado de Conagua.

El presidente de los Concesionarios de Pozos Agrícolas apuntó que “cada pozo cuesta tres millones y medio de pesos, para sobreexplotar los mantos”.

El periodista, Mariano Meza, mencionó que “consiguieron que la Sagarpa federal le entregara a la Sagarpa estatal, recursos federales y ellos lo obtuvieron para beneficiarse, para crear infraestructura agrícola, llevar electricidad, sistema de irrigación moderno”.

En estos ranchos, el agua se extrae a borbotones, los pozos no tienen medidores y no hay control de la explotación de los mantos acuíferos.

La Conagua emitió un oficio donde reconoció que en el Valle de San Luis Río Colorado existe un déficit de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos.

“Estas concesiones, a mi modo de ver, deben de cancelarse, deben de cancelarse todas y cuidar esos mantos para futuras generaciones”, indicó Roberto Hernández, presidente de los Concesionarios de Pozos Agrícolas.

 

Con información de Fátima Monterrosa.

 

RMT