Ella es Rosita María Hernández, mexicana de tan solo diez años de edad, originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que después de nacer fue llevada por sus papás a Laredo, Texas. Padece de parálisis cerebral. “Es que mi niña le encontraron piedras en la vesícula. Y yo la llevé a Drisco, me refirieron del pediatra. Y luego me dijeron que le tenían que hacer cirugía, le hicieron un ecosograma (sic) que porque tenía varias piedras en su panza”, explica Felipa de La Cruz, mamá de Rosita.
En ningún hospital de Laredo podían atender a Rosita debido a su condición de salud y migratoria. El único lugar donde accedieron a operarla fue en Corpus Christi. Un trayecto corto, quizás rutinario, para cualquiera que vive aquí en Texas. Pero una verdadera ruleta rusa para quien no cuenta con papeles.
Alex Gálvez, abogado de Rosita, explica: “La situación era que tenía que viajar de Laredo a Corpus Christi y entre estas dos ciudades hay un chequeo de inmigración.”
Felipa de La Cruz, mamá de Rosita, dice que no tenía papeles y no la podía llevar. “La niña fue acompañada por una tía, por una sobrina que era una ciudadana. La llevaron en el carro y pues desgraciadamente las pararon en la revisión inmigratoria”, dice Alex Gálvez, abogado de Rosita.
Felipa de La Cruz, mamá de Rosita, recuerda: “Mi sobrina me dijo que en el checkpoint le preguntaron si la niña tenía papeles y dijo que no.”
“Le presentaron en la documentación que ella necesitaba una cirugía en este día”, señala Alex Gálvez, abogado de Rosita.
Felipa de La Cruz, mamá de Rosita, explica que le dieron el pase, pero “Inmigración los siguió hasta el hospital. Y ahí se metió Inmigración con ellas y creo que ahí sigue Inmigración a un lado de mi sobrina”.
El abogado de Rosita relata que después de la operación, Inmigración esperó afuera del cuarto de recuperación.
“Y después de darle el alta el hospital, Inmigración la detuvo y se la llevaron a un albergue de niños para ponerla en proceso de deportación”.
Como si la angustia e impotencia de esta madre mexicana no fuera suficiente, las autoridades de la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de Aduanas le dieron un ultimátum.
“Si yo quería firmar, me la iban a deportar inmediatamente. Pero si no firmaba, me la iban a meter a un centro de detención”; dice Felipa de La Cruz, mamá de Rosita.
Y así lo hicieron. Oficiales de Inmigración escoltaron a Rosita del Hospital en Corpus Christi, donde la operaron, a una especie de centro infantil de detención privado, donde está en calidad de detenida y sin fecha para ser reunida con sus papás.
“¡Increíble! Esta niña ha estado en los Estados Unidos desde los tres meses y nunca ha estado separada de la mamá. Y ahora tenemos una mamá que está angustiada y una niña que nunca ha estado lejos de su mamá”, afirma Alex Gálvez, abogado de Rosita.
Felipa de La Cruz, mamá de Rosita, dice: “Estamos aquí desde que tenía tres meses. Va a cumplir once años y es el tiempo que ella lleva aquí y ha estado en la escuela aquí desde los tres años”.
Alex Gálvez, abogado de Rosita, explica que la menor está en un albergue. “Sin familiares y rodeada con puros extranjeros. Y, además, pueden imaginar lo que se siente salir de una operación y estar ahora en manos de Inmigración, a una niña que tiene once, pero se porta como una niña de seis años, por su discapacidad”.
Ahora no puede recibir la atención de sus papás. Felipa de La Cruz, mamá de Rosita, afirma que su vida está en Estados Unidos y necesita mucha terapia; considera que si es deportada no podrá recibir esas terapias.
El pronóstico legal de la menor tampoco es alentador. El abogado Alex Gálvez confirma que “sí está detenida. Está bajo la supervisión de Inmigración. Está bajo custodia inmigratoria. Por la única razón que la van a poner o ya está en proceso de deportación. Ella está en un albergue hasta que podamos comprobar que merece salir con libertad bajo palabra con los papás”.
“No entiendo, como si mi niña fuera un criminal, que estuvieran ahí custodiando. No es justo, porque ella está chiquita todavía”, afirma Felipa de la Cruz.
El abogado de Rosita reitera que Inmigración la quiere deportar. “El albergue donde ella se encuentra es un negocio privado que tiene un contrato con el Gobierno. Por eso el albergue tiene un interés de mantenernos más tiempo. Más tiempo que ellos están detenidos, más dinero que ellos ganan. Esto es un negocio, es un business”.
Y es precisamente lo que indigna a esta familia mexicana, su abogado y activistas, que prometen manifestarse hasta que liberen a Rosita.
El Consulado de México ha ofrecido su ayuda a estos mexicanos, que se limita a conseguirles ayuda legal, pero hasta el momento, la familia de Rosita decidió no aceptarla.
Con información de Francisco Villalobos
MLV
