España tendrá que indemnizar a una madre por no haber protegido a su hija, quien fue asesinada a los 7 años por su propio padre. Ángela González había abandonado a su marido años antes y presentó varias denuncias por violencia, pero la justicia no retiró el derecho del hombre para ver a la niña sin supervisión.
En 1999, Ángela abandonaba junto a su hija Andrea, de 3 años, la casa familiar donde vivía junto a su marido y padre de la pequeña. Con su divorcio quiso poner fin a la violencia que sufrían a diario. Presentó múltiples denuncias por malos tratos. A pesar de ello, la justicia dictaminó que la pequeña Andrea debía seguir viendo a su padre en un régimen de visitas sin vigilancia.
Se la entregaron tres horas los jueves de cada semana. Tiempo que él estuvo esperando durante tres años, para finalmente hacer lo que estaba anunciado: matarla”, afirma Ángela González, víctima de violencia de género.
La mató cuando Andrea tenía 7 años. Después él se suicidó. Quince años han pasado desde entonces, los mismos que lleva Ángela litigando en diferentes tribunales en busca de justicia.
A mi hija la asesinaron porque no se la protegió. Fue algo que no me cansé de pedir, protección y vigilancia para ella. Para la justicia prevaleció más el interés de un padre maltratador”, denuncia Ángela González.
Pese a los continuos rechazos de sus reclamaciones, Ángela nunca perdió la esperanza. Tras 15 años en los que el caso, incluso, se llevó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, ahora el Tribunal Supremo español le da la razón y condena al Estado a indemnizarla con 600 mil euros.
Gema Fernández, abogada en Women’s Link Worldwide, explica:
Es una sentencia muy pionera. Supone el reconocimiento de que la violencia de género a veces puede ser responsabilidad del Estado, cuando el Estado conoce la situación y no toma las medidas apropiadas”.
Se trata de una sentencia vinculante y no recurrible que sienta un precedente para casos de similares características en España.
Tiene un significado más amplio para otras mujeres que pueden estar en esa misma situación o parecida, pero tiene todo un significado para toda la comunidad de Derechos Humanos”, afirma Gema Fernández.
Con esta sentencia, Ángela González pone punto final a 15 años de litigio y espera que sirva para proteger a los hijos de las víctimas de violencia de género, una violencia contra las mujeres en España, convertida en lacra social.
Precisamente tras esta sentencia se conoce la muerte de una mujer asesinada a manos de su expareja, con ella son más de una veintena en lo va del 2018.
Con información de Yolanda Fernández
MLV
