Eliminar al INEE representa un atentado del nuevo gobierno a la democracia y la autonomía, así lo señalaron consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación en conferencia de prensa, luego del anuncio del Presidente López Obrador de enviar al legislativo una iniciativa para eliminar la reforma educativa y al Instituto.
“Representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y en particular contra los órganos constitucionales autónomos […] insistimos en que un organismo autónomo es indispensable para conocer el Sistema Educativo Nacional y superar las brechas de inequidad que lo caracterizan […] no podemos volver a dejar la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional en la propia autoridad que es la encargada de prestar el servicio educativo porque conocemos de sus limitaciones y sus imprecisiones […] estas instituciones constituyen los pilares de la vida democrática, pueden caer una tras otra a menos que las defendamos”, apuntó la consejera presidente Teresa Bracho.
Señalaron que nuestro país ha avanzado en evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa.
Recordaron que gracias al trabajo del Instituto se sabe dónde y cómo están las escuelas, cómo están los alumnos, dónde están los problemas, los aciertos, cómo son los maestros.
A la pregunta de qué pudo haber fallado para que se vieran de manera equivocada las evaluaciones docentes y por lo tanto pudieran haber afectado la supervivencia del Instituto dijeron.
“Una de las cosas que posiblemente explica esta cuestión, es el hecho de que era muy compleja la relación que se estableció en la legislación para poder hacer la evaluación del Servicio Profesional Docente […] era tan compleja que era muy difícil de comunicar. Desde luego que la evaluación de desempeño generó malestar en los docentes, no solamente la evaluación de desempeño, también la evaluación de ingreso, y la de promoción, generó malestar entre aquellos que antes se beneficiaban por un régimen donde se podían vender y heredar las plazas”, respondió la consejera Sylvia Schmelkes.
“Creo que hemos logrado hacer entender a muchos legisladores y al propio Esteban Moctezuma que el Instituto no realizó esa evaluación y si tuvo el rol que la ley lo obligaba a hacer, uno tiene un mandato y la ley nos mandataba ejercer un rol normativo en la evaluación. Este rol normativo lo que buscaba era pertinencia, validez y justicia en el proceso de evaluación”, apuntó Bracho.
Explicaron que una vez que conozcan a fondo la iniciativa ofrecerán un nuevo posicionamiento.
(Con información de Susana López)
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