El alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emmanuel, ha decidido enfrentarse a la administración de Donald Trump en los tribunales por su política contra las ciudades santuario, que son las que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la deportación de indocumentados.
El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en julio que la administración solo derivaría unos fondos federales conocidos como JAG a las ciudades que cumplieran determinadas condiciones.
Estas son compartir información sobre inmigrantes con las autoridades federales, dar acceso a instalaciones de detención local y notificar al Departamento de Seguridad Nacional con al menos 48 horas de antelación la puesta en libertad de inmigrantes indocumentados buscados por las autoridades federales.
“Chicago no será chantajeada para cambiar nuestros valores”, dijo el domingo el alcalde Emmanuel, cuando anunció que la ciudad acudiría hoy a los tribunales. “Somos y seguiremos siendo una ciudad de acogida”.
La demanda asegura que la administración de Trump obliga a las ciudades a decidir entre recibir fondos y cumplir sus obligaciones constitucionales.
Trump defendió en campaña electoral que actuaría contra las ciudades santuario si llegaba a la presidencia y a los pocos días de entrar en la Casa Blanca firmó ya una orden ejecutiva para retirar fondos federales a esas. Esa orden fue posteriormente desarrollada por Sessions.
No es que los inmigrantes indocumentados no puedan ser detenidos en las ciudades santuario para ser deportados. De hecho, lo son, pero cuando eso ocurre es sin la colaboración para ello de las autoridades locales.
Algunas de estas ciudades cuentan incluso con una legislación que prohíbe expresamente a los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales a efectos de deportación de sin papeles. En Chicago, la policía tiene vetado preguntar por estado migratorio de las personas.
Otras de las ciudades santuario más grandes son San Francisco, Washington DC, Nueva York, Los Angeles y Seattle.
No solo hay “ciudades santuario”. El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en ingles), que persigue una reducción de la inmigración en Estados Unidos, sitúa en el mapa del país más de 300 lugares (estados, condados y ciudades) con políticas que califica de “no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes inmigratorias”.
FJMM
