Los arrestos de inmigrantes en tribunales estarán más restringidos en Estados Unidos, debido a un cambio de política anunciado el martes 27 de abril por el gobierno del presidente, Joe Biden.
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Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ya no estarán autorizados a efectuar arrestos de rutina en las cortes, una práctica que desalentaba a las personas a acudir a audiencias y a cooperar con la policía, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El ICE puede efectuar arrestos en tribunales en casos que impliquen asuntos de seguridad nacional o si la persona representa un peligro para la seguridad pública. Los agentes también pueden aprehender a individuos sobre los que pesen búsquedas activas o si las autoridades sospechan que una persona podría destruir pruebas en un caso penal, dijo Mayorkas en un comunicado en el que anunció la nueva política.
La meta, señaló Mayorkas, es lograr un equilibrio entre la administración de justicia y la aplicación de las leyes de inmigración.
“La ampliación de los arrestos civiles de inmigración en tribunales durante el anterior gobierno disuadió la disposición de los individuos para acudir a tribunales o para cooperar con la policía”, agregó.
La nueva política forma parte de un reenfoque en materia de inmigración por parte del gobierno de Biden, el cual canceló algunas de las medidas más restrictivas de su predecesor pero conservó otras, como la orden de salud pública que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) a expulsar con celeridad a la mayoría de personas que ingresaron ilegalmente en Estados Unidos.
Como parte de su estrategia de control fronterizo, el gobierno anunció además que combatirá el contrabando de inmigrantes con sanciones financieras y de viaje, así como, con otras medidas contra los traficantes, en un plan llamado “Operación Centinela”.
Durante el gobierno de Trump, las autoridades de inmigración fueron criticadas por activistas y por algunas autoridades policiales debido a una política, formalizada en 2018, que autorizaba específicamente los arrestos de rutina en tribunales federales, estatales y locales.
Las autoridades afirmaron entonces que se vieron obligadas a efectuar arrestos en tribunales debido a que algunas jurisdicciones locales con políticas de “ciudad santuario” se rehusaron a cooperar con el ICE y a entregar a extranjeros que estuvieran encarcelados.
Esa política de la era de Trump daba prioridad a las amenazas para la seguridad pública, como miembros de pandillas, pero no prohibía otras aprehensiones más rutinarias, ni impedía a los agentes detener a miembros de familias, amigos o testigos que pudieran enfrentar deportación.
En febrero, el gobierno ordenó al ICE concentrarse sólo en personas que estén en el país y representen una amenaza, que cometieron delitos específicos, incluidos delitos graves y sexuales, o los hayan declarado culpables por manejar borrachos o drogados.
Las prioridades en este aspecto son similares a las del gobierno del presidente, Barack Obama, pero menos estrictas que las de Trump, cuyo gobierno pretendía arrestar y deportar a quien estuviera sin permiso en el país sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad.
Con información de AP
GANR
