La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Archivos, que tiene por objeto establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno.
Determina como sujetos obligados a cualquier autoridad de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, local y municipal, así como cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos, que reciba o ejerza recursos públicos.
La nueva ley prevé que los particulares propietarios o poseedores de documentos o archivos considerados de interés público, y aquellos declarados como monumentos históricos, podrán inscribirlos en el Registro Nacional de Archivos.
Se establecen penas de tres a diez a años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización, a la persona que sustraiga, altere o destruya información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo.
O que, sin permiso, traslade fuera del territorio nacional archivos considerados patrimonio documental de la Nación.
La minuta procedente del Senado fue avalada por 357 votos y enviada al Ejecutivo para su promulgación.
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Con información de Héctor Guerrero.
LLH
