En las campañas políticas en México, el dinero ilegal que mueven los partidos es 15 veces mayor al gasto que reportan a la autoridad, estimó un estudio realizado por el ex Consejero Electoral, Luis Carlos Ugalde y la investigadora, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción.
Estamos entonces ante lo que yo diría, una farsa […] ¿Por qué el engaño? Porque por cada peso reportado por los partidos, descubrimos en esta investigación, que hay 15 pesos por debajo de la mesa”, dijo María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción.
Este cálculo lo hicieron a partir de los recursos gastados en las campañas a gubernaturas entre 2016-2017.
El gasto promedio reportado de una campaña para gobernador fue de 27.9 millones de pesos, pero en realidad se gastaron 425.3 millones de pesos. El costo promedio de cada voto es de 750 pesos.
Una campaña para gobernador puede costar hasta 10 veces más que el tope legal.
Las tres fuentes del financiamiento sucio a campañas son: desvío de recursos públicos, aportaciones privadas y dinero del crimen organizado.
El principal uso del dinero sucio que fluye en las campañas es para el clientelismo electoral el cual ha crecido de manera exponencial por la competencia.
En un solo estado, el pago de la nómina de las estructuras clientelares, la compra e inhibición del voto y movilización de votantes el día de la elección, un partido se gasta 290 millones de pesos: 4 veces el tope de campaña.
Y en el clientelismo electoral se mueven los llamados “grupos chapulines” como tianguistas, taxistas, dueños de antros y ambulantes, entre muchos otros.
Llega un partido nuevo a gobernar en ese estado y se apropia de las estructuras clientelares que tenía el que gobernaba antes, de tal forma que las estructuras clientelares en realidad son como ejércitos de mercenarios, que movilizan votos para uno o para el otro”, señaló Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores.
Propusieron que, para desincentivar el clientelismo, el voto obligatorio en México debe aplicarse como lo marca la ley, pero agregándole una multa o sanción al ciudadano que no vaya a votar.
(Con información de Guadalupe Flores)
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