Para muchas familias, estos dos años no han sido sólo para pelear la reconstrucción de sus casas, sino también para que se finquen responsabilidades en los casos donde murieron personas.
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“Está determinado que el edificio tenía anomalías. Ya son dos años y sigue atorado y trabas y trabas”, dijo Fernando Sánchez, hijo de una víctima del sismo
“La cerrazón a la que nos hemos enfrentado con la autoridad y a la complicidad de ella”, comentó Arturo Gómez, esposo de una víctima del sismo.
Desde hace dos años, Fernando Sánchez, Arturo Gómez y cinco familias más, libran una batalla contra Alberto Cojab Sacal, dueño del edificio de cinco niveles de Bolívar 168, casi esquina con Chimalpopoca, colonia Obrera, que colapsó con el sismo del 19 de septiembre.
Ahí murieron 15 personas, la mayoría mujeres, todas empleadas de empresas que alquilaban algún piso en el inmueble.
“Todos tenían hijos”, recordó Arturo Gómez.
Fernando perdió a su madre, maría teresa lira, de 70 años, y a su hermana, María Elena Sánchez lira, de 54, y esposa de Arturo.
Madre e hija laboraban desde hace años en el área de calidad de la empresa Seo Young, en el tercer piso, dedicada a la bisutería para vestido.
“Es una construcción irregular y la rentaban y había gente ahí”, dijo Salvador González, abogado de los deudos.
El edificio quedó con afectaciones tras el sismo de 1985 y empeoraron tras el sismo del 7 de septiembre del 2017.
Todas fueron documentadas por el administrador del inmueble.
“Él las había proporcionado al dueño del edificio o a la administradora, que es Inmobico S.A.”, dijo Fernando Sánchez, hijo de una víctima del sismo.
Los deudos demandaron al dueño del edificio, Alberto Cojab, y se inició una carpeta de investigación.
El peritaje ordenado por la Procuraduría determinó que él dueño y la administradora del inmueble son responsables del colapso, por permitir más niveles de los autorizados y alquilar áreas para la industria textil, que generaron carga adicional en la estructura.
Sin embargo y pese a las pruebas la Procuraduría capitalina, no ha judicializado el caso.
“Cualquier juez ya me podría perfectamente aceptar el asunto. Con menos se judicializó el asunto del Rébsamen”, indicó Salvador González, abogado.
El 30 de noviembre de 2018, último día de la pasada administración, la Procuraduría decretó el no ejercicio de la acción penal en el caso. Este año, el abogado se inconformó y un juez del tribunal local falló a su favor.
A la fecha, la Procuraduría capitalina se niega a informar sobre los motivos por los que mantiene archivada la carpeta de investigación, pues pese al mandato del juez no ha convocado a declarar a Cojab, dueño de decenas de edificios en la Ciudad de México.
“Él me buscó, yo sé que soy responsable, me lo dijo, y quiero llegar a un arreglo. De repente a los dos, tres días lo busqué, desapareció el señor. Claro que es culpable y él tendrá en su momento que pagar”, apuntó Salvador González, abogado de deudos.
El abogado busca que la indemnización, además de lo previsto por la ley, contemple los daños económicos, psicológico y a la salud de los deudos.
“Por supuesto que hay sospecha y fundadas, sobre todo de la administración pasada. No es posible que sea tanta impunidad a favor”, señaló Salvador González, abogado de deudos.
Arturo Gómez, esposo de una víctima del sismo, apuntó:
“Sin embargo, vamos a seguir hasta que las consecuencias sean reales”.
Con información de Jorge Ulloa y Víctor Olvera.
LLH
