Una redada migratoria en una planta procesadora de productos cárnicos en Tennessee, que terminó con la detención de 97 personas, podría ser el operativo migratorio más grande en un centro laboral bajo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicaron activistas de derechos civiles el viernes.
Once personas fueron arrestadas por delitos penales y otras 86 por estar en el país de forma ilegal, dijo Tammy Spicer, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en un comunicado.
La operación del jueves en Southeastern Provision, una planta procesadora de cárnicos en Bean Station, en el este de Tennessee, es la mayor redada contra una sola fuerza laboral desde el gobierno del expresidente George W. Bush, señaló Jessie Hahn, abogado del National Immigration Law Center especializada en política laboral.
“Esto forma parte de la agenda de Trump para reforzar la aplicación de deportaciones masivas”, apuntó Hahn.
El ejecutivo actual prometió perseguir a las empresas que contraten a inmigrantes sin permiso de residencia y llevó a cabo varios allanamientos en todo el país. Agentes de inmigración detuvieron a 21 personas en operativos en tiendas de la cadena 7-Eleven, a nivel nacional en enero.
El cateo en la planta cárnica es otro ejemplo del énfasis en la aplicación de las leyes migratorias.
“Lo que vemos aquí, que es la mayor operación y sin duda la más ofensiva, encaja en las prácticas y patrones del gobierno de Trump de perseguir a los trabajadores, detener a inmigrantes de forma indiscriminada y aterrorizar a comunidades en todo el país”, dijo Stephanie Teatro, codirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.
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Spicer declinó confirmar si se trató de la operación más importante en un centro de trabajo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Funcionarios del ICE, el departamento de Seguridad Nacional, la división de investigación penal del IRS y agentes de la patrulla de carreteras de Tennessee ejecutaron el jueves por la mañana una orden federal de allanamiento en la planta, explicó Spicer. Durante la redada, agentes de Seguridad Nacional encontraron a 97 personas sujetas a la expulsión del país, señaló.
Diez trabajadores fueron arrestados por delitos federales y otro por un cargo estatal, mientras que de los 86 detenidos por procesos de deportación, el ICE liberó a 32 y dejó a los 54 restantes retenidos, según Spicer.
Una declaración jurada presentada con la orden de cateo y firmada por un agente especial del IRS apuntó que el gobierno tenía motivos para creer que la empresa y sus propietarios habían cometido un delito de evasión fiscal y empleaban a migrantes que estaban en el país sin los permisos pertinentes. Un agente de policía encubierto fue contratado por la firma empleando un nombre falso y recibió su salario en efectivo, de acuerdo con el documento por el agente especial del IRS Nicholas Worsham.
Según los registros judiciales, James Brantley es el presidente de la empresa y su esposa, Pamela, está en la lista de empleados. Los documentos públicos no incluyen su número de teléfono. La agencia The Associated Press dejó mensajes telefónicos y envió correos electrónicos a la compañía, pero no obtuvo respuesta alguna.
En el caso de varios niños, sus dos progenitores fueron detenidos, y muchos no acudieron a la escuela el viernes por el miedo en la comunidad migrante, señaló Teatro.
Muchos de los empleados en la fábrica llevaban años trabajando allí y llevaban años integrados en esta comunidad rural, agregó.
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Con información de AP.
RMT
