Fue derribado “El Pueblito”, un espacio con 104 cuartos utilizados para distintos fines y construidos de manera ilegal al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel, al oriente de la ciudad de Puebla.
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Entre las 104 habitaciones había cuartos con todos los servicios para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y calzado, baños, corte de cabello, ferretería, dos quioscos y dos gimnasios ilegales.
Algunos familiares de los internos aseguran que “El Pueblito” existía desde hace por lo menos 10 años.
“Ah, sí, privados, todo así cuartos privados y eso, si como dicen para estar con la persona y eso, si todo eso había muchos que vivían como en su casa; teles, este sus juegos de todo tenían un poco, por eso tenían que pagar”, dijo Lourdes, familiar de interno.
Según la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla en este espacio acondicionado dentro del centro penitenciario los artículos se vendían a los reos a precios excesivos y generaban ganancias de hasta de tres millones de pesos semanales.
“160 un refresco de 3 litros, se imagina usted, una cerveza, según yo lo que sé, que 180, 200 la cervecita, había cuartitos así como acá enfrente pues vendían cosas bien caras, muy caras”, dijo Josefina, familiar de interno.
La Secretaría de Seguridad Pública concluyó con la destrucción de este espacio el miércoles y para ello se utilizó maquinaria especializada; todo el proceso fue registrado por una notaría pública que dio fe de las actividades.
“Todo ya está casi resuelto, es un asunto a destacarse, a destacarse por todo lo que hubo ahí y la historia de vinculación y de permisibilidad cómplice de las autoridades de Seguridad Pública y de gobierno, no contarán más en reclusorios del estado con zonas de privilegio, se volvieron zonas de privilegio, ahí los PPLs famosos ahí les provocaban lo que es posible en ese ambiente una zona de confort y de exclusividad vergonzosa”, explicó Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.
El gobernador reconoció que los encargados de los centros penitenciarios durante su administración, y ahora ex secretarios de Seguridad Pública, no solo mintieron sobre las irregularidades al interior de Cereso, sino que también se beneficiaron entre ellos, Ildefonso Amezaga, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya.
“Yo ordené su destrucción desde el arranque de mi gobierno, y al menos dos secretarios, los anteriores al actual me informaron que ya lo habían hecho, sí, se fueron acumulando cosas, en este momento, hace 3 meses, al menos 4 meses hicimos una ruta y hoy lo que queda son algunas varillas, algunas cosas así que están en los pisos y que tienen que dejarse perfectamente vencidas, sacadas, para que no sirvan al rato, hasta de armas”, agregó Miguel Barbosa Huerta.
Las autoridades aseguran que continuarán regularizando las actividades al interior de todos los centros penitenciarios de carácter estatal.
Con información de Antonio Morán
HAVJ
