La presión de Estados Unidos sobre la política de seguridad mexicana ha crecido en este último mes tras el operativo fallido contra el hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán y la masacre este lunes a la familia LeBarón mormona, lo que deterioraría la relación entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
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La ayuda militar que Trump ofreció este martes para combatir a los cárteles de la droga, tras el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBarón en la frontera de Chihuahua con Sonora, es un nuevo pretexto para usar México con fines políticos, advierte Helden de Paz, consultora internacional de seguridad.
Aunque la experta considera improbable el despliegue de tropas estadounidenses en México, expone que Washington aprovecharía estos episodios, cercanos a la frontera, para acusar a las autoridades mexicanas de incompetencia y relanzar la Iniciativa Mérida o Plan México, firmado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Lo que pueden hacer es presionar a México, como lo que ocurrió con Calderón, decir ‘necesito que me entregues a capos, necesito la aprehensión de ciertas personas para que se vea que sí estamos dando golpes muy fuertes'”, indica De Paz, quien también es consejera de seguridad del grupo Propuesta Mx.
El ataque contra la familia LeBarón despertó críticas de senadores republicanos de Estados Unidos y de Trump, quien pidió a México en Twitter “librar la guerra” contra los cárteles con la ayuda de Washington.
El líder de la Casa Blanca ya había amagado con enviar soldados en una llamada con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en enero de 2017.
SOBERANÍA Y ANTECEDENTES LEJANOS
En reacción, López Obrador defendió en su conferencia matutina la “soberanía del país” pese a reconocer que aceptaría ayuda “en el marco de la legalidad internacional vigente” y que el diálogo se ha “acelerado” tras el fallido operativo en Sinaloa que buscaba capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán el pasado 17 de octubre, que desató el caos.
De Paz comenta que el intercambio y la presencia de agentes de inteligencia estadounidenses es algo que ocurre desde hace mucho tiempo y que el despliegue de tropas “sería muy caro” para Washington, por lo que es más probable que inviertan en entrenamiento y armas.
En eso coincide William Jensen, asociado del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales (Comexi), quien precisa que los últimos precedentes de intervención militar de Washington son la ocupación estadounidense de Veracruz, en 1914, y la expedición punitiva contra el revolucionario Francisco Villa en Chihuahua, en 1916.
“Ambos países colaboran desde siempre en materia de seguridad. La cooperación se intensificó desde que Estados Unidos, en los 70, declara la ‘guerra’ a las drogas e impulsa una agenda de criminalización y de militarización en América Latina”, indica el especialista en políticas públicas internacionales.
EL TEMOR A UNA “GUERRA”
Esta perspectiva de “guerra”, a la que ha apelado Trump, es la que preocupa a defensores como Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, porque “además de ser un fracaso” podrían “condicionar las decisiones operativas” del Gobierno.
“Además, en esa lógica de Estados Unidos o del presidente Trump, él piensa que resuelve el problema que tiene, pero los costos humanos y sociales pues evidentemente se viven de este lado de la frontera”, argumenta.
Cortez cita el reciente despliegue de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad conformado por militares y policías, para contener la migración de Centroamérica a Estados Unidos como “el ejemplo más claro” del impacto que tiene la presión de la Casa Blanca en la política interior mexicana.
El defensor de derechos humanos opina que esta injerencia podría trasladarse a otros ámbitos, como las iniciativas que buscan legalizar la marihuana y despenalizar otras drogas, algo a lo que el Gobierno estadounidense se opone.
Por otro lado, los especialistas coinciden en que, tanto Trump como López Obrador, podrían escudarse en la retórica para evitar temas como el control de las armas, en el caso de Estados Unidos, y un fortalecimiento de las instituciones y la procuración de justicia, del lado mexicano.
“Hemos escuchado más de lo mismo (del Gobierno mexicano), se apela mucho al tema de la autonomía, pero creo que no es suficiente, sobre todo después de esta terrible masacre en Chihuahua, pues lo que tendría que haber es realmente un replanteamiento de la estrategia de seguridad”, concluye Cortez.
Con información de EFE.
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