La Corte Suprema no le permitirá al gobierno del presidente Joe Biden implementar una política que da prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y que representan el mayor riesgo a la seguridad pública.
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La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se alcanzó por 5 votos a favor y 4 en contra, y en estos últimos la jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al decir que habrían permitido al gobierno de Biden implementar la política.
La Corte también anunció que escucharía argumentos en el caso, señalando que lo haría a finales de noviembre.
Los jueces emitieron su decisión luego de una solicitud de emergencia del gobierno ante la corte tras fallos contradictorios de un tribunal federal de apelaciones en torno a una directiva emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se tratara de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas flagrantes a la seguridad pública”.
Con información de AP
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