Manifestantes tomaron por la fuerza este sábado la sede de la Contraloría General del Estado de Ecuador en Quito, donde provocaron un incendio en el edificio y destrozos en mobiliario y documentos, según informaron medios locales y testigos.
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En imágenes difundidas en redes sociales se aprecian llamas y un intenso humo que emana desde los primeros pisos del edificio, que se encuentra cerca de la Asamblea Nacional (Parlamento), a donde las manifestantes ya ingresaron el martes e intentaron volver a hacerlo el viernes.
Antes de advertirse el incendio, la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, precisó que se había detenido a más de 30 personas que estaban en la terraza del edificio de la Contraloría.
La Policía “ha detenido 30 personas que se habían apostado en la terraza de la Contraloría. Se revisa el resto del edificio”, informó Romo en su cuenta de Twitter, en la que colgó también un video sobre el ataque a una oficina.
Esto mostraban las cámaras de uno de los pisos antes de que las destruyan”, añadió Romo.
Según testigos, el edificio fue asaltado antes del mediodía por encapuchados que arrojaron sillas y documentos desde las oficinas de la Contraloría para ser quemados posteriormente. Los videos de esas acciones fueron difundidos en redes sociales, en el contexto de intensos disturbios que registra la capital.
Otros clips muestran la fachada del inmueble rodeado por una densa nube de humo, lo que podría indicar que los asaltantes habrían intentado quemar el edificio.
La Policía de Ecuador y el movimiento indígena que protesta por la eliminación de los subsidios a los combustibles volvieron a enfrentarse desde primera hora tras los duros episodios de la víspera, que dejó nuevos heridos y el centro de la ciudad bloqueado.
Los desmanes continuaron y las marchas se extendieron a toda la ciudad, especialmente a los barrios del norte más acomodados y pudientes.
A esto se suma que la capital ecuatoriana registra varios cortes de las principales vías de acceso desde diferentes puntos, e interrupción en el suministro de agua, según indicaron instituciones oficiales.
Los disturbios se concentraron esta vez en torno al parque El Arbolito, el espacio público tomado por los miles de miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegados a la capital en los últimos días.
Allí hubo nuevos heridos, según pudo constatar Efe, que se suman a los más de 850 que la Defensoría del Pueblo tiene registrados desde que comenzaron las protestas el 3 de octubre, que ya se han cobrado al menos cuatro vidas, mientras que las detenciones superan el millar, aunque el número varía tras quedar en libertad muchos de los aprehendidos tras pasar por la unidad de Flagrancia.
Pese a que el Ministerio del Interior afirma que son cuatro los muertos, la Defensoría del Pueblo cuenta cinco.
La Contraloría fue objeto de otro asalto en la madrugada del martes, que fue denunciada por el contralor en funciones, Pablo Celi, y en el que los agresores provocaron destrozos con la supuesta intención de apropiarse de documentos.
Tras ese suceso, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura anunciaron que suspendían actividades, medida que precedió al reforzamiento de la seguridad en torno a los edificios e instituciones públicas y a lo que se sumó el decreto de toque de queda de este sábado en el distrito metropolitano de Quito a partir de las entre las 15.00 (20.00 GMT).
Estaba previsto que el pasado martes tuviera lugar una audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso “Sobornos 2012-2016” en la Corte Nacional de Justicia.
La vista, que ha sido aplazada debido a la situación de inseguridad, iba a dilucidar si finalmente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, y más de una veintena de procesados, se sentarán en el banquillo de los acusados por haber participado presuntamente en una trama por la que se adjudicaron obras públicas a cambio de sobornos.
El presidente de Ecuador decreta toque de queda en Quito
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado el “toque de queda” y “militarización” en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas de este sábado por el recorte a los subsidios de los combustibles.
He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Empezará a regir a las 15.00 (20.00 GMT). Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, dijo el presidente en un mensaje por redes sociales.
En otro mensaje, el Ministerio de Gobierno (Interior) pidió a la ciudadanía que “acuda a sus viviendas”.
Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales”, agregó.
La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.
La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.
El resultado ha sido la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras.
Curiosamente, ha seguido a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que ha aceptado la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.
Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el Diálogo directo con @Lenin sobre la derogatoria o revisión del decreto 883.
Comisión Política pic.twitter.com/J1PZFYmItn
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 12, 2019
A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en “un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales”, se indica en un comunicado.
Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones de dólares, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.
Con información de EFE
HAVJ
