POLíTICA

Constitución de la CDMX tendrá ajustes, tras análisis de la SCJN

La Constitución de la Ciudad de México (CDMX) tendrá ajustes, luego del análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Pleno de la Suprema Corte informó que el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) deberá ajustar las normas jurídicas secundarias emitidas.

La Suprema Corte concluyó el análisis de la validez de la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor el 17 de septiembre.

Luis María Aguilar, ministro presidente de la SCJN, dijo que concluyeron el análisis y estudio de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas.

Durante nueve sesiones, los ministros analizaron 66 artículos de la Constitución capitalina, que fueron impugnados por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y partidos políticos Nueva Alianza (Panal) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnaron diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México. Las controversias en materia electoral se resolvieron el 17 de agosto de 2017.

Destaca la aprobación del uso terapéutico de la marihuana, el derecho a una muerte digna, la garantía del seguro de desempleo, la revocación de mandato, el reconocimiento a todo tipo de familias, el secreto profesional de los periodistas, además durante esta última sesión se avala que los habitantes de la Ciudad de México puedan impugnar normas de su propia Constitución si consideran que contravienen sus derechos.

Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, comentó que está acción sólo tiene por objeto confrontar una disposición de carácter general contra un derecho, disposición de la Constitución local y se considera que no es inseguridad jurídica.

Seis controversias constitucionales presentadas por el presidente de la República, el Senado y el Poder Judicial capitalino se resolverán posteriormente.

La Constitución de la CDMX contempla temas sobre derechos productivos, diversidad de familias, protección a periodistas, derecho a la tecnología, comercio informal, derechos LGBTTTI, protección a migrantes, derechos de los animales, retiro de fuero, revocación de mandato y Ley 3 de 3 obligatoria. Además, prohíbe la privatización de los servicios públicos de potabilización, distribución, abasto de agua, y drenaje, así como la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos.

Con información de Jessica Murillo
BLR