Temer, de 77 años y en el poder desde mayo de 2016, concentró sus esfuerzos en las últimas semanas en recabar apoyo político entre los 513 parlamentarios, que este miércoles tienen en sus manos decidir si el presidente sigue al frente del mandato o si es apartado del poder por 180 días, mientras transcurre el proceso contra él.
Analistas políticos y el propio gobierno aseguran que Temer dispone del apoyo de más de un tercio de la cámara baja –el mínimo para bloquear la denuncia criminal en la sede legislativa-, e incluso que el presidente podría hoy mostrar “músculo político con un apoyo masivo.
Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da Silva, amenaza con boicotear la sesión de votación, y asegura que los apoyos del presidente están desintegrándose por el cúmulo de denuncias y acusaciones de corrupción.
Temer ya se salvó de una denuncia por corrupción en agosto, gracias a una ardua articulación política que permitió que 264 diputados votaran contra la imputación, por 227 a favor.
El resultado de la votación de este miércoles será un termómetro del apoyo político del mandatario brasileño, quien llegó al poder sin el respaldo de las urnas y prometió una serie de reformas económicas que todavía no ha concluido.
La votación debería celebrarse la tarde de este miércoles, después que los abogados y los representantes políticos de los partidos se manifiesten en el Congreso.
Esta mañana, el abogado de Temer, Eduardo Carnelós, dijo que no hay motivos para imputar al presidente, y en referencia a la denuncia de la fiscalía señaló que “la simple palabra de los confesores no es suficiente para aceptar una denuncia”.
Junto a Temer fueron denunciados los ministros en activo Eliseu Padilha y Moreira Franco, el expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, ya encarcelado y con varias causas pendientes, y los exministros Henrique Alves y Geddel Vieira Lima, también en prisión.
En la denuncia, de 245 páginas, el Ministerio Pública aseguró que Temer es el “líder de la organización criminal desde mayo de 2016”.
Además, señaló a su Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de usar instituciones públicas como la petrolera Petrobras, el banco Caixa Económica Federal y el Ministerio de Integración, entre otras, para cometer los supuestos crímenes.
Con información de Notimex.
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