CRIMEN Y SEGURIDAD

Congreso de El Salvador endurece penas contra pandilleros; pasarán hasta 40 años en prisión

El Congreso de El Salvador aprobó algunas reformas al Código Penal para endurecer las penas a los pandilleros

  • La decisión se tomó tras un alza en la violencia ejercida por pandilleros que dejaron 62 homicidios

El Congreso de El Salvador aprobó algunas reformas al Código Penal para endurecer las penas a los pandilleros. La decisión se tomó tras un alza en la violencia ejercida por pandilleros que dejaron 62 homicidios el sábado y el establecimiento de un polémico estado de excepción por parte del gobierno.

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Según dijo por la tarde el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, pertenecer a una mara podría ser “castigado con una pena ejemplar”. Según lo aprobado, las maras, pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se considerarán penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los líderes podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.

En 2015 la Corte Suprema catalogó a los pandilleros como terroristas, se les procesaba bajo esa figura, aunque era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones, y la pena otorgada podía ir de seis a nueve años de prisión. El miércoles fue la primera vez que el gobierno propuso una pena específica a quienes considere pandilleros.

Las reformas fueron una iniciativa del presidente Nayib Bukele para modificar las reglas relativas a la sanción de algunas conductas delictivas cometidas por pandilleros, sus colaboradores o financistas. Las modificaciones se aprobaron con los votos de 76 de los 84 diputados y para su entrada en vigencia es necesaria su publicación en el Diario Oficial. Tras la aprobación del Congreso quedaron en manos de Bukele para que las sancione, lo que podría ocurrir el mismo miércoles o jueves.

Para combatir la alarmante violencia, a pedido del mandatario el Congreso aprobó el domingo el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

La suspensión de garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días aunque se podrá extender por otro mes.

Bukele informó en Twitter que en cuatro días de régimen de excepción han sido capturados 2.163 pandilleros. “Ninguno saldrá libre. Seguimos”. Más temprano, la Policía Nacional Civil reportó el primer día sin homicidios.

En tanto, las fuerzas de seguridad apoyadas por contingentes de soldados continúan realizando patrullajes y allanando comunidades populosas para perseguir a los pandilleros. En estas comunidades soldados armados con fusiles M-16 han montadas barricadas con púas y controlan las entradas y salidas de personas, que son sometidas a un minucioso registro. Las mujeres y niños no son la excepción.

En las redes sociales se han hecho virales fotografías de soldados registrando las mochilas de los niños. “No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas”, dijo a periodistas la abogada defensora de derechos humanos Zaira Navas.

CIDH expresa su preocupación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la emergencia máxima en las cárceles y dijo que el Salvador debe “revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo custodia”.

Con información de AP

HVI