El Congreso de Baja California Sur aprobó la destitución de cinco diputados y amonestó a otros tres, de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias, argumentando que los legisladores se ausentaron de las sesiones en cinco ocasiones seguidas.
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“Resulta ser que 8 diputados no quisieron seguir trabajando para Baja California Sur y decidieron no ir a las sesiones, y la presidenta de la Mesa Directiva en ese entonces decide aplicar la Ley Reglamentaria y llama a sus suplentes”, dijo Ramiro Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur.
El sábado pasado, los ocho diputados fueron sometidos a juicio político por la fracción de Morena y PT, lo que derivó en su destitución y amonestación, pese a que desde el 14 de agosto, un juez federal ordenó suspender el procedimiento.
“El día sábado que estuvimos en un juicio político teniendo un amparo promovido por nosotros ocho por violaciones al debido proceso que aparte no tenía las pruebas por las cuales nos estaban haciendo juicio político”, afirmó Lorenia Montaño, diputada del PES Destituida.
“Nosotros solicitamos la intervención de la justicia Federal para que detenga el juicio, lo hizo de manera provisional pero los compañeros de Morena argumentado que no habían sido notificados”, agregó Rigoberto Murillo, diputado del PES Destituido
“El Congreso no fue notificado antes de su resolución por lo que no existe desacato”, reiteró Carlos Van Wormer, diputado de Morena.
El gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, dijo que la destitución de los legisladores es un acto que no sólo viola la orden expresa de un juez federal, sino que pasa por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que ignora el voto emitido por los ciudadanos.
“Las minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional que por decir lo menos atropella el estado de derecho y la legalidad en Baja California Sur, escudados en una falaz interpretación del principio de mayoría parlamentaria que a su decir les permite todo, incluso violar la ley”, afirmó Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur.
El gobernador adelantó que ampliará la demanda de controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que valore y se pronuncie sobre la legalidad del hecho.
Los cinco legisladores que fueron destituidos e inhabilitados por dos años en el ejercicio del servicio público, 3 son del Partido Encuentro Social, uno del Partido Humanista y otro del PAN.
En tanto que los legisladores amonestados fueron, uno del PAN, otro del PRD y uno del PRI.
En un comunicado conjunto, las dirigencias estatales del PAN, PRD, PRI, Partido Humanista y del Partido de Renovación Sudcaliforniana condenaron lo que llamaron “El atropello” cometido por los 13 legisladores que aprobaron las sanciones.
Con información de Armando Figaredo
KAH
