Por primera vez la Ciudad de México (CDMX) se unió, a través de su Congreso, al Constituyente Permanente Federal a través de su voto sobre la reforma constitucional en materia de extinción de dominio.
Son, sin duda, muchos y muchas generaciones de capitalinas y capitalinos que soñaron, trabajaron y lucharon incansablemente para que nos pudiéramos reafirmar como ciudadanos plenos de una república federal, que nos hace partícipes en la construcción del pacto social reflejado por supuesto en nuestra propia Constitución y que nos da voz e incidencia en las más importantes decisiones nacionales”, apuntó el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del PRI.
El Constituyente Permanente es la figura, considerada en la Constitución, habilitada para adicionar o reformar la Carta Magna. Es integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República y por los congresos locales de las entidades federativas. En concreto, toda reforma constitucional debe ser avalada por la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que incluye, por primera vez, a la Ciudad de México.
Al razonar su voto, los diputados coincidieron en señalar que la reforma propuesta, que tiene que ser ratificada por 17 congresos locales, ayudará a que la justicia sea cumplida a cabalidad.
Porque es igual de grave la impunidad cuando alguien no es sancionado corporalmente por la comisión de los delitos que, cuando siendo sancionado corporalmente, conserva las propiedades y los bienes que fueron objeto de estos ilícitos. Y el caso de Javier Duarte es uno de los claros ejemplos de esta forma de impunidad y de esta forma de corrupción, que no pueden conservarse los bienes que fueron objeto de los delitos. Por ello es que, con esta reforma, a la par de la investigación y de la sanción corporal, se llevará también la sanción en materia de extinción de dominio”, explicó Eduardo Santillán, de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Finalmente, con 54 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
De ser aprobada, el catálogo de delitos que podrían ser objeto de extinción de dominio aumentaría, para incluir, ahora: corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
(Con información de Marco Dueñas)
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