Por meses, la Casa Blanca ha buscado recortar el financiamiento de las ciudades santuario por no cooperar con las autoridades migratorias que, desde el inicio de la administración Trump, encabezaron una cacería de brujas para deportar a los inmigrantes indocumentados.
A pesar de que en noviembre un juez de la corte federal bloqueó los esfuerzos de Trump para despojar de recursos a los estados santuario y a las ciudades que albergan inmigrantes ilegales, el condado de Orange, en California, se unió a la demanda del fiscal general de Estados Unidos contra las políticas que este estado aplica para proteger indocumentados.
Lo paradójico del tema es que California es, por definición, un bastión demócrata que prohíbe por ley a la Policía local cooperar con autoridades federales en la captura de inmigrantes ilegales.
Las leyes estatales también prohíben mantener a los inmigrantes en custodia para entregarlos a la Policía Migratoria de ICE.
El condado de Orange es uno de los más conservadores del estado y está gobernado por una junta de cinco supervisores, todos republicanos.
Tras darse a conocer la información, Trump acudió a su red social de cabecera para expresar su gratitud por los ciudadanos del condado, a los que llamó valientes por defender sus derechos.
My Administration stands in solidarity with the brave citizens in Orange County defending their rights against California's illegal and unconstitutional Sanctuary policies. California's Sanctuary laws….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018
El mandatario aseguró que las leyes santuario de California dejan que criminales peligrosos entren en las comunidades.
El sheriff de Orange había desafiado la ley santuario, al publicar el lunes una lista de las personas detenidas, en la que aparece la fecha que serán puestos en libertad y se clasifican en “Hispanos” y “No hispanos”.
Con información de Valentín Cataldo
MLV
