CNDH pide replantear políticas públicas en materia de seguridad y justicia

CNDH pide replanteamiento de políticas públicas en materia de seguridad y justicia

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Twitter/@CNDH)

Al rendir su informe anual de labores ante la Comisión Permanente, Luis Raúl González, ombudsman nacional, dijo que 2017 fue un año atípico para los derechos humanos, por lo que pidió un replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.

2017 podrá ser considerado un año atípico para los derechos humanos en nuestro país, si por una parte se registró una disminución respecto de años anteriores del número de quejas promovidas contra instancias tales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar), por otra fue el año en el que esta comisión nacional ha emitido más recomendaciones graves a los derechos humanos. México requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia”, señaló Luis Raúl González Pérez, presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

González Pérez informó que en 2017 se recibieron 38 mil 722 escritos de queja, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con dos mil 634 casos; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con mil 78; la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 656; el Instituto Nacional de Migración con 521; la Policía Federal 425; Procuraduría General de la República (PGR) 422; Sedena 415; Secretaría de Desarrollo social (Sedesol) 386; Readaptación Social de Gobernación 377 y Marina con 259.

Y destacó la emisión de cinco recomendaciones por violaciones graves el año pasado, de un total de nueve formuladas en toda la historia de la CNDH, en contra de 15 autoridades, dos para el gobierno de Veracruz y dos para la PGR.

Luego fundamentó la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso.

No reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas, la ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita que sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas”, detalló Luis Raúl González Pérez.

En su mensaje final ante diputados y senadores el ombudsman hizo un llamado a legislar y eliminar figuras como el arraigo, la prisión preventiva o la racionalidad de las penas.

Con información de Héctor Guerrero

MAP

 

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