La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 69/2017 al gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, por la muerte de 28 internos y 22 personas lesionadas como consecuencia de una riña en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco el 6 de julio.
La CNDH observó en su investigación la falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público.
En un comunicado, expuso que los hechos evidenciaron anomalías y condiciones irregulares que imperan en el Centro, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación e insuficiencia de personal.
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Lo anterior, indicó, impide privilegiar y resguardar el orden e imposibilita el respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación, a la educación, salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social de los internos.
Consideró que esa situación pone de manifiesto el incumplimiento de la obligación del estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Ante ello solicitó al gobernador de Guerrero tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan –funcional, material y presupuestalmente- consolidar en esa entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.
También a instruir en términos de la Ley de Víctimas de Guerrero se brinde atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados.
Asimismo, que las autoridades penitenciarias y sus corresponsables consideren las observaciones en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Además, formular una política pública integral, a partir de evaluar las necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, mientras se cuenta con un nuevo centro de reclusión.
De igual manera se pide se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos una estancia digna y segura, evitando sobrepoblación y hacinamiento.
Además de realizar la clasificación penitenciaria con base en criterios de las normas nacionales e instrumentos internacionales, deberán diseñar programas para erradicar autogobierno.
Otras medidas son contar con equipo y tecnología para detectar sustancias y objetos prohibidos y asignar suficiente personal de seguridad y custodia, capacitado en derechos humanos y control de disturbios y otros hechos violentos.
Por último, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que promueva ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, respectivamente, para que investiguen y se deslinden responsabilidades administrativas y penales.
Con información de Notimex
JLR
