El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, defendió la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que concluye que es necesario hacer más pruebas periciales a restos humanos encontrados en el basurero de Cocula para determinar si corresponden a restos incinerados de algunos de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Para nosotros la recomendación de la Comisión Nacional es el documento más aproximado a la verdad, corrobórese lo que estamos señalando, segundo, la verdad nunca puede ser revictimizante”, explicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
Luego de que la CNDH no estuviera presente en la firma de decreto para la Creación de la Verdad y la Justicia, González Pérez aseguró que también entregará dicha recomendación al Gobierno Federal entrante.
Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de lo que establezca el ordenamiento jurídico, mi respeto a las familias, él tiene todo el derecho de expresarse en el sentido que quieran hacerlo, yo respeto eso y les respeto su dolor. La recomendación, formalmente también la vamos a hacer llegar a la Comisión de la Verdad. Buscaremos contribuir en todo lo que se nos solicite, vamos a colaborar mecanismos, instancias y en este caso la Comisión de la Verdad en todo lo que la Comisión pueda hacer”, detalló Luis Raúl González Pérez.
Luis Raúl González Pérez pidió que, pese a la negativa de los padres de los jóvenes desaparecidos, sí se analicen 114 restos encontrados en el basurero de Guerrero, para determinar a quiénes pertenecen.
Más allá de posturas, opiniones de hipótesis, quién puede estar en contra de que los restos que estamos sugiriendo se manden periciar, déjenme decirles, una posibilidad es que puedan corresponder a los jóvenes, pero si no son de los jóvenes hay otras personas que tienen derecho a saber sobre esos restos, tenemos 37 mil desaparecidos”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
El ombudsman habló tras presentar el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, en donde se concluyó que perciben un ingreso laboral menor al resto de la población, que su índice de pobreza es 8.5 por ciento mayor y que se debe armonizar la legislación estatal con base en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Con información de Jessica Murillo
MAP
