La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del fotoperiodista mexicano Margarito Martínez, quien trabajaba para varios medios en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.
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“La CNDH repudia el asesinato del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel y hace un llamado a las autoridades competentes para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las investigaciones pertinentes hasta dar con las personas responsables”, indicó la CNDH a través de un comunicado.
Martínez, con 20 años de experiencia en el medio, estaba junto a un vehículo fuera de su vivienda cuando una persona le disparó en varias ocasiones y después huyó. Paramédicos de la Cruz Roja lo encontraron ya sin vida.
Era conocido como ‘El 4-4’ y había ingresado en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas después de que en un video un hombre, reportero también según medios locales, lo acusara de administrar páginas que exponían a delincuentes.
La CNDH consideró que “la impartición de justicia hasta las últimas consecuencias, la investigación de los delitos cometidos en contra del gremio periodístico y la sanción contra sus agresores” son acciones imprescindibles para reducir la inseguridad y la violencia que viven los periodistas.
Los periodistas, aseguró la Comisión, son esenciales para la consolidación de la democracia y del acceso a la transparencia.
“Velar porque ejerzan su actividad en las condiciones más seguras es una de las labores fundamentales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, agrega el comunicado.
Por esto, consideraron, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa “en condiciones de igualdad, seguridad, respeto y garantías”, debe ser una prioridad para las autoridades mexicanas.
La Secretaría de Gobernación admitió que, diez años después de la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es momento de contar con una nueva legislación porque las agresiones contra estas personas permanecen impunes en más del 90% de los casos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Alejandro Encinas, subrayó en una conferencia de prensa que se pondrá especial énfasis “en la definición de las competencias porque en muchos de los casos son las propias autoridades las causantes de las agresiones”.
Con información de EFE
NRV
