Con 22 días, el actual cierre parcial de la administración bate el récord como el más largo de Estados Unidos desde que una reforma presupuestaria en 1976 permitiese esta medida, inédita entre las democracias modernas.
El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos ha dejado a 800,000 funcionarios sin paga por el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y la oposición sobre el muro en la frontera con México.
Al pasar la medianoche del sábado, este cierre gubernamental superó los 21 días de otro “shutdown” que se dio entre 1995 y 1996 bajo el mandato de Bill Clinton.
Todo hacía indicar que se llegaría a esa hora sin acuerdo, ya que ni Trump, que exige destinar 5,700 millones de dólares para cumplir su promesa de campaña, ni la oposición demócrata en el Congreso, que se niega a liberar esos fondos para financiar un muro que considera “inmoral”, caro e ineficaz para combatir la inmigración ilegal, dan su brazo a torcer.
Trump retrocedió en sus amenazas previas de acabar con el punto muerto en las negociaciones declarando una emergencia nacional e intentando procurar fondos saltándose el Congreso, una medida casi seguramente hundiría al país en una tormenta política y auguraría una batalla en las cortes por extralimitación de los poderes presidenciales.
“La solución fácil para mí es declarar una emergencia nacional… (pero) no lo voy a hacer tan rápido porque le corresponde hacerlo al Congreso”, dijo a periodistas el viernes.
El Congreso, por su parte, añadió más leña y aplazó, hasta como mínimo el lunes, una sesión prevista para el viernes en la tarde.
Por lo que los cerca de 800,000 funcionarios federales estadounidenses afectados por el cierre gubernamental -desde agentes del FBI, a controladores aéreos y trabajadores en museos- no recibieron por primera vez sus salarios el viernes. La mayoría de ellos cobra cada quincena, y recibió su última paga a finales de diciembre.
La Cámara de Representantes aprobó el viernes una ley, ya validada por el Senado, para garantizar que los funcionarios cobren con carácter retroactivo el salario una vez termine el “shutdown”. Ahora le corresponde al presidente promulgarla.
Este tipo de medidas son normales cuando el país sufre un cierre gubernamental, pero no beneficia a los millones de trabajadores por contrato también afectados.
El “shutdown” altera el funcionamiento de varios departamentos esenciales, como los de Seguridad Nacional (DHS), Justicia y Transporte. “Más de 200.000 empleados del DHS -encargados de proteger nuestro espacio aéreo, nuestras vías fluviales y nuestras fronteras- no recibirán su sueldo mientras trabajan”, denunció Bennie Thompson, presidente demócrata de la comisión para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Los principales sindicatos del transporte aéreo, entre ellos los de pilotos, tripulación y controladores aéreos, denunciaron el jueves que la situación empeora, y advirtieron del riesgo que esto tiene para la seguridad del país.
De hecho, una terminal del aeropuerto de Miami cerrará intermitentemente del sábado al lunes por falta de personal.
Alrededor de 2,000 funcionarios se manifestaron el jueves en Washington para expresar su inquietud por el deterioro de sus condiciones de vida.
A lo largo del país se organizan iniciativas privadas y públicas, como comidas gratuitas o ferias de empleo para funcionarios técnicamente desempleados.
Según publicaron varios medios estadounidenses, la Casa Blanca sopesa la posibilidad de desviar los fondos de ayuda de emergencia para áreas devastadas por desastres naturales, como Puerto Rico, para financiar la construcción del muro fronterizo.
Ante estos reportes, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, pidió a Trump no seguir ese camino.
“Ningún muro debe financiarse con el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos de Estados Unidos que han sufrido tragedia y pérdida debido al paso de un desastre natural”, declaró Roselló el viernes.
Esto incluye, según Roselló, a estadounidenses en California, Texas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes. “Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes”, aseguró.
En septiembre de 2017, el huracán María devastó Puerto Rico, dejando unos 3,000 muertos, multimillonarios daños materiales y el sistema eléctrico de la isla sin funcionar por varios meses.
Con información de Agencias.
RAMG
