Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la reforma propuesta por el presidente de la República en materia energética no viola el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
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En una comparecencia detalló las razones por las que no debe preocupar esta iniciativa a los acuerdos llegados con Estados Unidos y Canadá en el T-MEC.
“Es preciso decir que la iniciativa del presidente, de ninguna manera, contraviene el Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos, Canadá, llamado T-MEC. En efecto, el Capítulo 8, relativo al rubro de la energía, establece que ‘México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna’. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del T-MEC. Esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del Tratado Comercial y, no obstante, esta circunstancia, debo recalcar, que de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta”, señaló Raúl Jiménez Vázquez, Abogado General de la CFE.
Al participar en el Foro 14 del Parlamento Abierto con el tema: ‘Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC contra reforma eléctrica’, en un debate transmitido por el Canal del Congreso, el abogado manifestó que el gobierno no asumirá ningún título de propiedad sobre las plantas de generación de energía eléctrica de los privados.
Sin embargo, Keneth Smith, exjefe de la Negociación del T-MEC por parte de México, rechazó esta afirmación y consideró que, de aprobarse la reforma sin cambios, sí habría violaciones al Tratado de Libre Comercio.
“La reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro país. Se ha manejado mucho esta idea de que hay una exclusión por el hecho de que hay un Capítulo 8, que señala que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México tiene el derecho soberano de modificar su Constitución, esto es un hecho enunciativo, es decir, esto es lo que se está plasmando en nuestra Constitución, pero de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el Tratado a través de cambios constitucionales. Cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos, tienen que ser compatibles con los compromisos del Tratado”, afirmó Keneth Smith.
En el debate, Almudena Otero, abogada en la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la CFE, explicó las razones por las que la reforma constitucional propuesta sí es compatible con las obligaciones contraídas por los tres países en el T-MEC.
“Los términos en los que está planteada la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales no violan el principio de trato nacional. Por ejemplo, el nuevo párrafo 7 del artículo 28 constitucional establece que se garantiza que CFE participe al menos con el 54% de la generación de energía eléctrica del país y el sector privado participe hasta en el 46%. Esta disposición no se establece en términos que brinde un trato menos favorable a los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los inversionistas privados mexicanos, ambos están en circunstancias similares para competir en el 46, disponible a la inversión privada, y se les aplicará el mismo marco jurídico que privilegia los principios de continuidad y seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional”, señaló Otero.
Mientras tanto, la directora general de la American Chamber of Commerce of Mexico, Ana López Mestre, advirtió que sí habrá un trato desigual para los inversionistas privados sobre la Comisión Federal de Electricidad, y alertó qeu se dará una expropiación indirecta.
“Esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas. Lo que en términos del Tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes, lo anterior explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos, tanto del gobierno como de la industria de los Estados Unidos, que han denunciado los riesgos de esta iniciativa”, aclaró Ana López Mestre.
Jennifer Granholm, en su reciente visita a México, señaló que la reforma del presidente López Obrador dificultaría los esfuerzos conjuntos en sustentabilidad.
Con información de Héctor Guerrero
NRV
