La fractura entre la fiscal general Luisa Ortega y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha escalado a una confrontación institucional.
El distanciamiento progresivo de Ortega comenzó a finales de marzo cuando denunció una ruptura del orden constitucional tras dos sentencias del Tribunal Supremo contra el Congreso.
El 1 de abril, Maduro recibió a Ortega en el Palacio de Miraflores para intentar resolver el impasse entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo por las sentencias. Fue la última vez que se supo de un encuentro entre el presidente y la fiscal.
Fueron esos dos fallos los que desataron la ola de protestas en Venezuela que ha dejado al menos 67 muertos y más de mil 300 heridos.
Como titular del Ministerio Público, Luisa Ortega ha criticado la represión policiaca a la protesta ciudadana y ha solicitado respetar los derechos de los manifestantes.
“Quiero aprovechar la ocasión para exhortar también a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del estado. Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público”, fueron las palabras de Luisa Ortega el 24 de mayo pasado.
El 7 de junio, la fiscal Ortega dijo: “Hay que consultarle si el pueblo venezolano quiere o no una Constituyente porque de lo contrario se entiende que hay un retroceso en el derecho”.
El gobierno de Maduro no ha guardado silencio ante sus comentarios.
“¿Por qué miente fiscal? ¿por qué manipula fiscal? Indigna fiscal”, dijo el 9 de junio el vicepresidente Tareck El Aissami.
Por su parte, el vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, incluso ha señalado que Ortega perderá su puesto el mismo día que se instale la Asamblea Constituyente. El diputado oficialista Pedro Carreño pidió al Tribunal Supremo conformar una junta médica para evaluar la salud mental de la fiscal.
Luisa Ortega ha presentado tres recursos ante el Tribunal Supremo, sin éxito.
El primero, el 31 mayo contra el proceso de Asamblea Constituyente, que fue considerado inadmisible. El 8 de junio, un recurso de nulidad contra la Asamblea, también rechazado. Y el último, este lunes para pedir la destitución de 33 magistrados y antejuicio contra ocho.
Ayer, 13 de junio, la fiscal advirtió: “Corre peligro la nación, corre peligro el estado de derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala”.
Con sus posicionamientos alejados del discurso oficialista, Ortega ha ganado la simpatía de sectores independientes de la sociedad venezolana inconformes con la profunda crisis política y económica que enfrenta el país agravada por el caos social de los últimos meses.
Con información de Ana María Islas
AAE
