La violencia es un tema recurrente que no se acaba de resolver, afirmó Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la mesa de Despierta con Loret. Los niveles de violencia, abundó, suben y bajan, “pero en el fondo reflejan que tenemos un problema estructural que no han resuelto los programas de gobierno”.
Además, “los indicadores son malos para medir la delincuencia organizada, porque puede bajar la violencia en una zona, pero no quiere decir que se haya resuelto”.
Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, abundó que “no hay un sistema o protocolo para la captura de datos; el Secretariado Nacional no tiene la facultad de auditar a los estados para saber si lo que dicen es verdad, no hay cifras en el poder judicial, no sabemos la efectividad de un proceso porque no le puedes seguir la pista, porque no hay información y no se puede hacer una evaluación correcta y concreta”.
Otra parte del problema, dijo María Elena Morera, de Causa en Común, es que no se trata de una violencia, sino de muchas, además “la violencia es endémica, porque está en todo el país; y crónica, porque no se ha resuelto en mucho tiempo”. Detalló que en México “tenemos violencia intrafamiliar; hay falta de servicios públicos básicos que no le permiten a la gente convivir en paz, que generan redes clientelares y permiten la corrupción; hay exclusión económica y social además de corrupción e ineficacia”.
Detalló que 6 de cada 10 niños con maltratados; “hay 3 millones de niños que viven en violencia constante, que tienen que trabajar en condiciones de explotación, con un sistema educativo débil y grupos sociales que consideran que esto es moralmente admisible”.
“La violencia la maman los niños desde la casa”, redondeó Isabel Miranda.
Jorge Chabat dijo que seguir los datos relacionados con homicidios es relativamente sencillo, porque “hay un mayor control, pero hay delitos como secuestro o extorsión que se denuncian poco, por lo que el fenómeno es mayor de lo que existe en registro y se refleja en la percepción de la gente, que es mucho más pesimista”.
Isabel Miranda reconoció que “no hay política que vaya al fondo; los gobiernos reaccionan ante un tema multifactorial que requiere que se atienda la familia, la escuela”. Detalló que la política tiene que ser “transversal, tiene que dejar de hacer impunidad y se debe ser consciente de en qué se invierten los recursos”.
María Elena Morera afirmó que los gobiernos hacen arreglos con bandas delincuenciales y el descontrol se genera cuando llega un nuevo gobierno, porque “hemos generado tan mal las instituciones que parece que son de un grupo de poder y no le responden a la gente; además, el que llega no sabe y cuando medio aprende, ya se va”. Por otro lado, están las bandas delincuenciales, que antes eran cinco o seis grandes, pero hoy son pequeñas bandas que mantienen a las comunidades asoladas”.
Además, los métodos de evaluación no han sido eficientes, porque “los controles de confianza, son individuales y no quitan a los elementos que reprueban; también hace falta certificación institucional, revisar a las instituciones desde adentro, porque el maltrato a los policías es enorme. Sólo 8% de los policías estatales tienen acceso al seguro médico; el peor salario de los municipales es de 2,800 pesos al mes” y allí se abren espacios a la corrupción.
Chabat reconoce que, si las autoridades no resuelven esos problemas, los policías van a responder a cualquiera. “Han fallado las estrategias”, concluye.
Para Miranda, los gobernadores no tienen la voluntad de resolver en sus estados. “Los gobernadores no meten las manos en temas de justicia, sólo alzan la mano y piden ayuda, pero cada gobierno estatal tiene su competencia y debe cumplir”. Destacó que el nuevo sistema de justicia no falla, pero la falló su implementación.
De acuerdo con Morera, el problema es que los tres niveles de gobierno “tuvieron ocho años para implementarlo y se esperaron al final”.
Además, dijo, el gobierno federal no está reaccionando con oportunidad. “Tenemos un problema de origen y los gobiernos estatales ya viven con anestesia moral”, finalizó.
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