Los servidores públicos en la Ciudad de México deberán conducirse con austeridad, moderación, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, establece el Artículo 66 de la Carta Magna aprobado por la Asamblea Constituyente.
Determina que recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se contemple como parte de su sueldo y este determinado por Ley.
Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la Asamblea Constituyente, comentó que la clase política es señalada por tener fallas y es criticada por la sociedad, pero, afirmó que con política se pueden cambiar las cosas.
La ley secundaria en materia de transparencia deberá prohibir que se cubran con recursos públicos, viajes en primera clase, gastos de representación y la contratación de seguros de gastos médicos y de vida.
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La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales.
En el Artículo 67 se determina que todos los entes públicos deberán contar con órganos internos de control que revisarán, auditarán el ingreso, el egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos, en especial los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones, y procesos electorales.
Javier Jiménez Espriu, constituyente de Morena, proclamó un “no al mal gobierno, muera la corrupción, muera la impunidad, muera la simulación, muera el cinismo”.
Se crea un Sistema anticorrupción en el que participarán la Fiscalía especializada en Combate a la corrupción, el Tribunal de justicia administrativa, el Instituto de transparencia y Acceso a la información, entre otros.
Habrá un Comité de participación ciudadana que podrá recomendar medidas, políticas públicas, y procesos administrativos para atacar las causas de la corrupción.
Se garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos, y afectados por hechos de corrupción.
Cecilia Romero, constituyente de Acción Nacional, comentó que se necesita transitar hacia la honradez, la honestidad, el ejercicio ético del servicio público, la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.
Los servidores públicos serán responsables por las faltas administrativas en que incurran. Todos están obligados a presentar de manera oportuna las declaraciones sobre su situación patrimonial, fiscal, y de interés, los particulares que incurran en faltas graves serán sancionados con inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, contratación de obra pública y para desempeñar cargos públicos.
Con información de Carmen Jaimes.
BLR
