La pasada administración de la Ciudad de México, encabezada por José Ramón Amieva, gastó más de 42 millones de pesos en programas de capacitación y estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres.
Entre otras cosas compraron botones de pánico a sobreprecio y que a la mera hora no funcionaron.
Dos meses antes de concluir su gestión al frente de la administración capitalina, el jefe de Gobierno de José Ramón Amieva entregó 8 millones 984 mil pesos a una empresa por una campaña de publicidad para prevenir la violencia en contra de las mujeres.
Sin embargo, el material que entregó el proveedor es similar al de una campaña de publicidad que realizó la alcaldía de Bogotá, Colombia, en 2017.
Las fotografías son las mismas, únicamente cambian los mensajes.
“Encontramos estos banners, es una campaña para la atención a la violencia de género. Es todo lo que dejaron, lo que yo diría los mensajes algunos son como los ven son agresivos contra las mujeres y nosotros decimos cuando se trata de la violencia de genero tiene que ser muy cuidada la comunicación”, señalo Josefina Pontigo Granados, directora de Planeación de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
El 25 de octubre de 2018, tres funcionarios de la secretaría de gobierno: Rodulfo Ozuna Hernández, Silvia Alejandra Limón Carmona y Regina Tovar Dávila, firmaron contrato con la empresa KJD Ideas Creativas, S.A de C.V, representada por Eduardo Ruiz Nava para poner en marcha dicha campaña.
El contrato establece que la publicidad sería entregada 12 de noviembre del 2018. Pero el único material que se entregó a la secretaría de Gobierno son 12 fotografías de 30 x 20 centímetros.
Las mismas imágenes pueden adquirirse en el portal Istock por 115 dólares, unos dos mil 200 pesos.
Con la compra de las fotografías y su impresión el proveedor se habría gastado a lo mucho 5 mil pesos. Cuando el contrató que le dieron fue de 8 millones 984 mil pesos.
El pasado 11 de febrero se visitó el domicilio que se señala en el contrato y se encontró que aquí trabajan diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a implementar programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de puebla.
Eduardo Ruiz Nava se encuentra en Chingnahuapan, Puebla. Representa a la fundación Luis María Martínez y se dedica a capacitar a comunidades en la siembra de hortalizas.
“Estar en cursos de capacitación como agronegocios para que ellos puedan ser sustentables totalmente”, comentó Eduardo Ruiz Nava.
Otro contrato de 10 millones 677 mil pesos, fue firmado el 22 de octubre, por los mismos funcionarios de la secretaría de Gobierno de la pasada administración, con la empresa Corporativo Promed, S.A de C.V, representada por Erika Lixahaya Cárdenas Durán. Fue por servicios de “Consultoría administrativa, análisis, diseño y desarrollo de programas y planes para atender a mujeres víctimas de violencia”.
El único material que entregó la proveedora son cinco cuadernillos empastados, de 20 y 60 páginas, que contienen resúmenes de programas y leyes que previenen la violencia en contra de mujeres, niños y adolescentes que se encuentran en internet… es decir, sólo copiaron y pegaron contenidos y cobraron 2 millones 135 mil pesos por cada cuadernillo.
“Este es el entregable que me dejaron, yo quisiera que lo vieras. Es un documento que en términos reales serían unas 15, 20 páginas, carece de una metodología. Todos son de ese estilo. Ya estaban pagados cuando llegamos”, dijo Josefina Pontigo Granados, directora de Planeación de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
Se visitó el domicilio que el proveedor registró en el contrato, calle Colima número 125, interior N, colonia Roma y no se encontró ninguna empresa.
Estos mismos funcionarios entregaron otro contrato de 10 millones 299 mil pesos a la empresa Lunzam de México S.A. de C.V., representada por Alonso Russo Becker, para capacitar a funcionarios que atienden a mujeres víctimas de violencia, supuestamente se habrían capacitado a 250 servidores públicos. las nuevas autoridades no encontraron registro de los cursos de capacitación.
“Esto está en revisión en contraloría como es mi obligación como servidora pública presentarlo y que se haga la investigación correspondiente, tanto de las empresas como personas contratantes”, señaló Josefina Pontigo Granados, directora de Planeación de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
Con información de Fátima Monterrosa y Marco Tinoco.
LLH
