La Fiscalía española acusó a los líderes del proceso independentista de Cataluña del delito de rebelión y pidió para ellos entre 25 y 16 años de prisión.
La pena mayor, de 25 años de cárcel, se solicita para el exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras.
Tras el proceso independentista catalán del año pasado, están en prisión preventiva nueve políticos de esa región del nordeste español, por la causa que instruye contra ellos el Tribunal Supremo.
El presidente de dicho gobierno, Carles Puigdemont, está prófugo de la justicia española y reside en Bélgica.
En su escrito de hoy, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cualquier cargo público.
Además de Junqueras, están presos otros cinco exconsejeros del Ejecutivo catalán, para los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel, y la expresidenta del Parlamento regional de Cataluña y dos líderes de organizaciones sociales muy activas durante el proceso secesionista, para los que piden 17 años de cárcel y otros tanto de inhabilitación absoluta.
Además de la causa que lleva el Tribunal Supremo, otros implicados en el proceso independentista están procesados en la Audiencia Nacional española, una instancia inferior, entre ellos el entonces jefe de la policía autonómica de Cataluña, Josep Lluís Trapero, a quien la Fiscalía de este organismo acusó hoy también de rebelión y pidió para él once años de cárcel.
En este caso, el ministerio público agrava la calificación de la jueza que instruyó el caso, quien procesó a Trapero por sedición, un delito que conlleva menos años de cárcel.
La rebelión está castigada en la legislación española con una pena que oscila entre 15 y 30 años, mientras que la sedición, que implica que no hubo un alzamiento violento, conlleva una pena de entre 10 y 15 años de prisión.
La consideración de uno u otro delito depende, básicamente, de cómo se interprete el nivel de violencia que se produjo a lo largo del proceso secesionista, que en octubre del año pasado culminó con una Declaración Unilateral de Independencia aprobada por una ajustada mayoría del Parlamento de Cataluña.
Además de la Fiscalía, en el caso contra los independentistas acusa también la abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, y que, por tanto, actúa en nombre del Gobierno, que, en ese caso, acusará de sedición y malversación de recursos públicos.
Con información de EFE
LHE
