Una jueza de Barcelona procesó este martes a una treintena de empresarios y exaltos cargos del Gobierno regional catalán, investigados por malversación y prevaricación en relación con el proceso independentista en esa comunidad autónoma española.
Se trata de una parte importante de las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum independentista ilegal, de cuya instrucción se hizo cargo un juzgado de Barcelona.
La mayoría de los 30 procesados ocuparon distintos cargos en el Gobierno autonómico de Carles Puigdemont, antiguo presidente catalán que permanece en Bélgica huido de la Justicia española.
La magistrada les imputa los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.
Según la juez, los procesados utilizaron o comprometieron dinero público para la celebración del referéndum ilegal independentista, que cifra en 4,3 millones de euros.
Conteo de votos del referéndum en Cataluña. (AP, archivo)
En el auto judicial, la magistrada detalla que establecieron un “plan común” para, en el marco de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuir de “manera decisiva” a la celebración del referéndum, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
Todos ellos, dice, trazaron una “línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales” y a ser “conscientes” de la ilegalidad de las actuaciones tendentes de la convocatoria y celebración del referéndum.
La magistrada procesó también por desobediencia a la directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, y a los directores de la televisión autonómica catalana TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, por difundir los anuncios de la consulta secesionista ilegal.
Con información de EFE
AAE
