Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió jueves en privado con once víctimas del caso Atenco, ocurrido en el 2006, para dar seguimiento a la sentencia de la CIDH.
Reunión con 11 mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco ( hace casi 13 años) Se revisa la ruta del cumplimiento de la sentencia de la @CorteIDH pic.twitter.com/cWtQcYxqKD
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) April 4, 2019
La reunión se realizó a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación, pero, mediante su cuenta de Twitter, el subsecretario avisó del encuentro y comentó: “Reunión con 11 mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco (hace casi 13 años) Se revisa la ruta del cumplimiento de la sentencia de la @CorteIDH”.
Al salir de la Secretaría, las víctimas, acompañadas por la asociación civil, Centro Prodh, señalaron que durante la reunión se realizó la instalación de la mesa para la implementación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Atenco.
Hablaron de la disposición del subsecretario Encinas para cumplir con los resolutivos.
El subsecretario Encinas se comprometió al cumplimiento cabal de la sentencia y bueno pues a partir de hoy vamos a tener una serie de mesas con las diferentes instituciones responsables de la implementación de cada uno de los resolutivos de la sentencia […] Nosotras hoy lo que tuvimos que decir a las diferentes autoridades es que nos interesa mucho el tema de justicia y es una prioridad para nosotras y que cada una de las medidas sean reparatorias para cada una de nosotras, entonces algo que no estamos dispuestas a ceder es que se vuelva a revictimizar o que se vuelva a hacer señalamientos sobre nosotras o nuestras familias”, dijo Bárbara Italia Méndez Moreno, integrante del grupo “Las Mujeres de Atenco”.
Comentaron que en los próximos días se realizarán nuevas mesas de trabajo con cada una de las instituciones involucradas en los 9 puntos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, entre ellos el acceso a la justicia y atención médica para las víctimas, investigación de la cadena de mando de los involucrados en el caso, garantías de no repetición mediante un Observatorio Ciudadano y prevención de abusos policiales.
(Con información de Carolina Altolaguirre)
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